Archivo - Drogas requisadas en un club cannábico en Puerto de la Cruz - POLICÍA NACIONAL - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha procedido a la detención del responsable de una asociación cannábica por un presunto delito contra la salud pública, tras una investigación que evidenció una actividad incompatible con el marco legal que regula este tipo de asociaciones.
Las actuaciones se iniciaron tras tener conocimiento de la venta de sustancias estupefacientes en el interior de un club cannábico en Puerto de la Cruz.
Así, tras varios meses de investigación, los agentes pudieron constatar que la captación de nuevos socios se realizaba a través de redes sociales, práctica expresamente prohibida, ya que supone una forma de promoción y difusión del consumo de drogas, asimilable al tráfico.
De esta forma, una vez contactaban a través de estas plataformas, las personas eran dadas de alta como supuestos socios en el propio local, facilitándoles el acceso inmediato a la sustancia, recoge una nota de la Policía Nacional.
Con todas las pruebas recabadas, se solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro tanto del domicilio como del establecimiento del principal investigado, quien figuraba como secretario y regentador de la asociación, y que fue autorizada.
En la entrada y registro, además de la detención del responsable del establecimiento, se incautaron diversas cantidades de sustancia estupefaciente como 380 gramos de marihuana, tres gramos de hachís, 62 gramos de polen, 0,3 gramos de cocaína, 399 euros en efectivo y un invernadero 'indoor' para cultivar las plantas dentro del local.
Todo ello alcanzaría, según el precio actual de compra en el mercado ilícito nacional, un valor aproximado de 2.250 euros.
La Policía Nacional recuerda que el hecho de que una actividad se desarrolle bajo la apariencia de una asociación cannábica no la convierte automáticamente en legal, y que cualquier desviación hacia la venta, promoción, captación indiscriminada de socios o ánimo de lucro constituye un delito contra la salud pública, perseguido por la ley.