Detienen a 18 personas por defraudar 1,6 millones a la Seguridad Social en Canarias

Publicado 14/12/2018 12:57:33CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han detenido en el marco de la operación 'Plano' a un total de 18 personas por defraudar casi 1,6 millones a la Seguridad Social en Canarias, en concreto, a los detenidos se les acusa de la comisión de delitos contra la Seguridad Social, frustración en la ejecución y falsedad documental.

La detención de estas 18 personas en las provincias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, ha permitido descubrir el fraude en sectores de actividad tan diferentes como la construcción, la estética, la cinematografía, la restauración, la hostelería y la actividad física, según informó la Policía Nacional en nota de prensa.

En este sentido, los investigados, con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas al organismo público y así frustrar las legítimas aspiraciones de cobro, realizaron sucesiones empresariales opacas y crearon grupos fraudulentos de empresas, para lo que utilizaron en algunos casos la figura de testaferros, si bien en otras ocasiones pusieron al frente de los negocios a miembros de su propia familia o a trabajadores que no tenían otra opción si pretendían mantener el trabajo.

En otros casos optaron por crear sociedades patrimoniales a nombre de terceros transfiriendo los bienes de las empresas deudoras y de sus administradores para ocultar el patrimonio y los beneficios a sus acreedores. Asimismo, dentro de las ilícitas actividades investigadas, se detectaron falsedades documentales de modelos de solicitud de conciliación con los trabajadores.

FRAUDE CON GIMNASIOS

Durante la investigación uno de los casos "más notorios" que se ha producido, según la Policía Nacional, fue el de un matrimonio canario que gestionaba varios centros deportivos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En este caso, con su empresa principal, creada en el año 1997, llegó a acumular una deuda con la Seguridad Social que rondó los 300.000 euros.

Así, la pareja, con el fin de no pagar a la Seguridad Social, "no paró de realizar diversas tretas" para eludir su responsabilidad, habiéndoles detectado cuatro modus operandi diferentes. El primero se centraba en crear empresas para gestionar de manera individualizada sus numerosos centros deportivos, haciendo rotar a los trabajadores entre ellas para evitar que acumularan antigüedad con una misma sociedad.

Posteriormente, cuando los acreedores se encontraron acuciados, obligaron a los monitores deportivos a darse de alta como autónomos, creando de este modo una nueva situación de contratación fraudulenta. Además, a partir del año 2012 retiraron los datáfonos para impedir a los clientes el pago de sus abonos con este método, disimulando de una forma sencilla los ingresos obtenidos al pasar a manejar más efectivo.

Así, tras los intentos de cobro de la Administración, y con el único fin de seguir burlando sus controles, en el año 2010 gestaron una empresa en la que pusieron al frente a un testaferro, que les sirvió para realizar una caja única entre ésta y la principal deudora.

De este modo, la nueva empresa, que carecía de trabajadores, escapaba de estar fiscalizada por la Tesorería, declarando en ella sólo ingresos y dejando los gastos en la cuenta de la sociedad principal, falseando así la situación económica real de ambas sociedades.

Sin embargo, ante las quejas del testaferro, el matrimonio recabó el control de la empresa a través de una venta privada por casi 100.000 euros que nuevamente escondió a la Tesorería, pasando el principal investigado de ser administrador de hecho a ser de derecho, y su mujer a ser socia de la empresa.

Finalmente, en el año 2016, arrendaron uno de sus gimnasios, sobre el que pesaba un embargo de su maquinaria y de sus diferentes aparatos, encubriendo los ingresos generados de la explotación del negocio. Este alquiler incluía el centro deportivo con todos sus aparatos, los trabajadores a los que mantuvo sin solución de continuidad y a todos los clientes, creando con ello una sucesión empresarial encubierta.

Esto hizo que la mujer, que cobraba un sueldo que rondaba los 20.000 euros, recibió en menos de 24 meses en sus cuentas particulares ingresos por valor de unos 240.000 euros, tratando de evitar nuevamente de esta forma los embargos asociados a la deuda de la Seguridad Social. Todo ello motivó la detención de tres personas y una cuarta investigada, sin detención, imputándoles un delito contra la Seguridad Social y tres de frustración en la ejecución.