Los funcionarios canarios exigen que los cargos públicos paguen indemnizaciones con su patrimonio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La plataforma por unas administraciones públicas canarias eficaces, profesionales y que gestionen con objetividad los intereses de los ciudadanos ha anunciado este jueves que reclamarán que se cumpla la normativa vigente y los cargos públicos paguen aquellas indemnizaciones que se deriven de su actuación.

El presidente del sector autonómico de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-CSIF), Javier Galván, ha explicado en declaraciones a Europa Press que la plataforma está conformada por tres sindicatos y una asociación profesional de funcionarias y busca que los cargos políticos "paguen con su propio patrimonio las indemnizaciones millonarias y que ahora se pagan con recursos de los ciudadanos". "No sólo los políticos, sino también los funcionarios que firman esos documentos", aclaró.

Galván indicó que ya la Ley 30/1992 "establece" que en el caso de indemnizaciones de responsabilidad patrimonial donde incurre dolo, culpa o negligencia la administración de oficio inicie el trámite para pedir al político o al personal responsable las cuantías. "No sabemos que se haya hecho nunca", dijo por lo que concluyó que "si no lo hacen lo pondremos en mano de los tribunales".

"No les interesa aplicarlo", explicó para añadir que su plataforma también se ocupará de otros asuntos que tienen que ver con la gestión de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma o la eficacia administrativa.

En este punto, solicitó que los altos cargos que estén por debajo de los viceconsejeros deban ser funcionarios. Puntualizó que salvo en las excepciones legales las jefaturas de servicios se logren a través de concursos de méritos. Asimismo planteó que la "función interventora" en la administración llegue antes, es decir, que no revise contrataciones hechas, sino que fiscalice si se van a hacer en condiciones de legalidad.

GESTIÓN DE PERSONAS

Galván indicó además que en cuanto a la gestión de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma se habla de un plan de "ordenación" de éstos que supondría que de los 8.000 trabajadores calificados como personal laboral, 4.000 sean funcionarios sin pasar por los correspondientes concursos.

El portavoz subrayó que esta cuestión supondría que muchos irían a la calle. "No queremos que se vayan a la calle", añadió para proponer que lo que se debería hacer es un plan de consolidación de empleo. "Que los formen", dijo para también incidir en la problemática de las empresas públicas "que salen carísimas".

Galván expuso que contratan personal "precario" y que sólo tienen la finalidad de "sortear" los requisitos públicos de contratación.