27 de mayo de 2020
 
Publicado 08/04/2020 17:14:14 +02:00CET

La Fundación Sagrada Familia cambia de nombre y refuerza su carácter social

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias aprobó este miércoles autorizar la modificación de la denominación de la Fundación Canaria Sagrada Familia, que pasará a denominarse Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas).

También modifica sus estatutos con el fin de, entre otras funciones, dotarla de capacidad para gestionar ayudas a la integración social dirigidas a la atención de personas en situación de vulnerabilidad social.

La modificación de estatutos contempla la sustitución de la expresión "...todos aquellos colectivos..." por la de "...toda persona o colectivo..." y añade nuevas actividades a realizar por la fundación además de la de gestionar ayudas, como son las de apoyar al Gobierno de Canarias para la recepción, gestión y valoración de subvenciones públicas cuyo objetivo final esté vinculado al desarrollo de los derechos sociales y crear, desarrollar y ejecutar programas asistenciales y de asistencia personal en el ámbito educativo, formal y no formal destinados a menores y jóvenes con discapacidad o dependencia reconocidas.

Asimismo, la modificación de los estatutos establece que la fundación pública pueda ofrecer asesoramiento legal, técnico y jurídico para la redacción de contratos, pliegos de concesión y gestión de estos, cuando se proceda a licitar servicios vinculados al desarrollo de los derechos sociales, así como asesorar para el seguimiento y evaluación de programas de intervención social vinculado al desarrollo de los derechos sociales.

El Gobierno de Canarias, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 2019, acordó la modificación del artículo 8 de los estatutos para incluir un apartado 4 en el que se establece que la fundación actuará como medio propio personificado y servicio técnico de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de las entidades vinculadas o dependientes de esta, según lo previsto en el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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