Archivo - Manuel Miranda, consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Canarias trabaja con la Federación Canaria de Municipios en la creación de un Plan General de Seguridad y Salvamento "más flexible" diseñado a través de las necesidades de cada consistorio en sus propios litorales. El documento, que será sometido a revisión cada cuatro años, recogerá criterios mínimos de medios y recursos humanos para lograr la "homogeneidad" en seguridad en las islas.
Así lo ha señalado el consejero de Política Territorial, Manuel Mirada, que ha puntualizado que este trabajo responderá, además, a la sentencia del Tribunal Supremo, que en 2023 anuló el decreto que obligaba a los municipios de menos de 20.000 habitantes a costear y prestar el servicio de vigilancia y socorrismo en sus playas, abordando la financiación necesaria a las disposiciones incorporadas al nuevo marco legal.
"Se trata de conseguir un modelo mucho más dinámico, donde se respeten las competencias municipales, pero a la vez donde haya cierta unanimidad y unificación de criterios en toda Canarias. Que sea, además, un modelo integrador, no impuesto por el Gobierno, donde participen los distintos sectores, como el turismo, así como los Cabildos y los Ayuntamientos", ha puntualizado el consejero regional.
Miranda, que ha advertido que las negociaciones para la creación de este nuevo marco normativo han sido "duras" ante las "distintas formas" de entender la seguridad en las playas por cada uno de los consistorios, ha visibilizado el "compromiso" del Ejecutivo regional por ayudar, a través de una línea de subvenciones establecida hasta la fecha, a los consistorios que se vieron afectados por el decreto finalmente anulado.
Asimismo, ha señalado, en 2024, se otorgaron ayudas por valor de 1,26 millones de euros a los consistorios, que ascendieron a los 1,4 millones en 2025 y que se sumaron a los 1,2 millones de 2026. "Se han beneficiado 46 ayuntamientos de menos de 20.000 habitantrs con estas ayudas. Hemos querido crear ese clima de confianza y resarcir esos gastos que los ayuntamientos tuvieron que realizar", ha puntualizado el consejero regional.
"Quizás, el anterior decreto era como muy estructurado en cuanto a la tipología de playa, y obligaba a que en determinadas zonas de costa o zonas de playa tuvieran que tener unos medios que, a lo mejor, le estaban dimensionados, y en algún en algún caso no llegaba a las necesidades", ha señalado Miranda ante la pregunta de la diputada Natalia Ébora (CC) sobre el avance de la negociación con la FECAM del nuevo marco normativo.
