El Gobierno de Canarias defiende ante el Estado "seguridad jurídica" en ayudas a gratuidad del transporte público

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha mostrado este jueves en Madrid su "preocupación" ante la "falta de seguridad jurídica" en la aplicación de las ayudas estatales para garantizar la gratuidad de las guaguas y el tranvía, especialmente tras la reciente reconfiguración normativa recogida en el nuevo decreto.

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha intervenido este jueves en la Comisión General de Directores Generales convocada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, según ha informado el departamento regional en una nota.

En el encuentro se ha abordado, entre otros asuntos, el marco de subvenciones para la gratuidad del transporte público de viajeros, la aplicación del título único y las novedades normativas respecto a las autorizaciones VTC.

Así, Fernández ha expresado la preocupación del Ejecutivo canario por la falta de seguridad jurídica en la aplicación de las ayudas estatales para garantizar la gratuidad de las guaguas y el tranvía, especialmente tras la reciente reconfiguración normativa recogida en el nuevo decreto.

"No podemos vernos en la situación de tener que devolver 120 millones de euros por requisitos cuya interpretación sigue generando dudas", ha afirmado.

Ha trasladado, asimismo, "la necesidad urgente" de anticipar los pagos, garantizar la suficiencia de las partidas y clarificar los requisitos de acceso, como la exigencia de tener implantadas zonas de bajas emisiones, "que podría afectar negativamente a los territorios en los que ese proceso se encuentra judicializado".

"No podemos aceptar que las ayudas lleguen en diciembre, como ha ocurrido el año pasado, cuando las administraciones insulares han tenido que adelantar recursos durante todo el ejercicio para sostener la gratuidad del servicio", ha detallado Fernández.

RESPUESTA DEL ESTADO

Fernández ha celebrado la respuesta del Ministerio, que "ha garantizado de forma verbal que el anticipo se transferirá de forma íntegra y en un plazo significativamente más temprano, con el objetivo de que se realice en septiembre, en lugar de finales de diciembre como ocurrió en 2024".

Además, ha explicado que el Gobierno del Estado ha asegurado que el régimen específico aplicable a Canarias no estará condicionado por los mismos requisitos que el del resto del Estado, lo que otorgará mayor margen y tranquilidad a las administraciones insulares a la hora de tramitar y justificar estas ayudas.

No obstante Fernández ha insistido en que "hasta que no tengamos el informe de la Abogacía del Estado por escrito, no podremos hablar de seguridad jurídica total" y ha reclamado celeridad para evitar incertidumbres de cara a la ejecución del presupuesto de 2025 y 2026. "Necesitamos certidumbre, claridad en la norma y garantías de que ningún cabildo tendrá que devolver los fondos por interpretaciones cambiantes", ha remarcado.

TÍTULO ÚNICO NACIONAL

La directora general de Transportes y Movilidad ha informado de que ya el Ejecutivo está trabajando en el desarrollo del título único. Ha mostrado la disposición de Canarias a convertirse en el primer territorio piloto del Estado en la implantación del título único nacional de transporte, una herramienta que permitiría a los usuarios canarios utilizar un solo bono en cualquier punto del territorio español.

En cuanto a las novedades normativas respecto a las autorizaciones de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), Fernández ha asegurado que Canarias se encuentra protegida frente a las recientes sentencias judiciales que han afectado a otras comunidades autónomas, gracias a la regulación decreto ley aprobado el pasado año.

"Fuimos previsores y evitamos distorsiones jurídicas tratando de forma unificada al taxi y a las VTC. El tiempo nos ha dado la razón", ha concluido la directora general.