El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez - GOBIERNO DE CANARIAS
SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha registrado en el último año y medio 56 solicitudes para la calificación de 2.137 inmuebles protegidos en el archipiélago. Así, 37 de ellas pertenecían a la provincia de Santa Cruz de Tenerife para un total de 1.234 viviendas, mientras que en la provincia de Las Palmas se contabilizaron 19 peticiones, sumando un total de 903 inmuebles.
La cédula de calificación definitiva es un documento que emite la Comunidad Autónoma en relación con una promoción de viviendas, por la que se declara su protección pública y se establece su régimen legal, y reciben una subvención por ello, ha recordado el departamento regional en un comunicado.
Asímismo, esta petición puede solicitarse por las personas físicas o jurídicas (públicas o privadas), las cooperativas o las comunidades de bienes.
En 2021 solo se recibieron 3 solicitudes para la calificación de 112 viviendas; y en 2022, la cifra bajó a 2 solicitudes con 78 viviendas. Los datos se vieron incrementados en 2023 con 14 solicitudes para 414 viviendas, y en 2024 con 42 peticiones para 1.723 inmuebles.
DECRETO LEY DE MEDIDAS URGENTES EN VIVIENDA
El consejero del área, Pablo Rodríguez, ha subrayado que medidas como el Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda, que impulsa la disponibilidad de suelo y la reutilización de edificaciones para uso residencial, así como otras iniciativas destinadas a fomentar la promoción y construcción de inmuebles protegidos, han sido determinantes para garantizar el acceso a una vivienda digna.
"De hecho, este incremento en el número de solicitudes y su resolución se ha visto favorecido por el Decreto Ley 1/2024, que ha permitido agilizar los procedimientos e impulsar los expedientes para la calificación de estos inmuebles en diferentes islas", según ha defendido Rodríguez.
Asímismo, también ha achacado ese crecimiento de solicitudes al "impulso" dado a la colaboración público-privada para que el sector sume esfuerzos junto a las administraciones públicas y, a la inversión en activos inacabados para poner en el mercado un mayor número de viviendas.
"Otra modificación que ha sido clave para este incremento de las solicitudes, recogida también en el decreto ley, es la actualización y revalorización del Módulo Básico Canario conforme a la realidad de los costes de construcción en Canarias, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los materiales en los últimos años, adecuándose a la realidad actual del mercado y a cada isla, para impulsar la construcción de vivienda protegida", ha señalado.
Entre las medidas para incentivar la oferta de la vivienda, el consejero ha recordado que el Gobierno se encuentra en fase de aprobar un segundo decreto ley que incluirá la habilitación de terceros para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, abordando así "uno de los mayores obstáculos para la construcción de viviendas, así como nuevas medidas para impulsar la construcción".