El Gobierno canario actualiza la normativa para implantar titulaciones universitarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejecutivo canario ha tomado en consideración, en Consejo de Gobierno, el proyecto de decreto promovido por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación para actualizar la normativa que regula la implantación de titulaciones universitarias oficiales en el sistema universitario de Canarias.

Además, en el mismo acuerdo, el Gobierno regional ha solicitado el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, ya que es un trámite preceptivo dentro del proceso de elaboración normativa previo a la aprobación definitiva del decreto, según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.

La nueva norma sustituirá al Decreto 168/2008, de 22 de julio, para adaptar la regulación autonómica al marco estatal vigente, definido principalmente por el Real Decreto 822/2021, que regula la organización de las enseñanzas universitarias y los mecanismos de aseguramiento de su calidad, y por la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario.

Al respecto, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, ha explicado que esta actualización normativa permitirá "ordenar con mayor claridad" la tramitación vinculada a la implantación de titulaciones y adaptarla al marco jurídico, "garantizando al mismo tiempo la calidad del sistema universitario de Canarias".

Añadió que uno de los objetivos centrales del nuevo decreto "es simplificar" la tramitación administrativa y "reducir cargas burocráticas", ya que es una demanda de las universidades para "facilitar la implantación, modificación o extinción de enseñanzas universitarias oficiales".

El proyecto, indicó, establece un sistema "más ágil" para la emisión del informe sobre la necesidad y viabilidad académica y social de las titulaciones (INVAS) al definir, "con mayor precisión", los contenidos de la memoria que deben presentar las universidades y fijando un plazo máximo para su emisión.

También reorganiza la verificación de los planes de estudios y fija plazos para la emisión de los informes de las agencias de calidad correspondientes, contribuyendo a "mejorar" la planificación de nuevas titulaciones dentro del sistema universitario de Canarias.

El texto también modifica el orden para implantar titulaciones, que pasa a tramitarse una vez verificado el plan de estudios, eliminando duplicidades administrativas y ajustando el proceso al marco normativo estatal.

La propuesta incorpora, además, medidas orientadas a asegurar la sostenibilidad de las titulaciones, de tal forma que cuando se detecten determinadas circunstancias tras su implantación, las universidades públicas deberán elaborar un plan de actuación que permita evaluar su continuidad.

También prevé la creación de un mapa de titulaciones del sistema universitario de Canarias que recogerá la oferta vigente de estudios de grado, máster y doctorado, así como las titulaciones previstas por las universidades, "facilitando una visión global y accesible" de la oferta académica.

Asimismo el texto introduce mecanismos de seguimiento de las enseñanzas universitarias oficiales, especialmente en los centros que no cuentan con acreditación institucional para garantizar el cumplimiento de los compromisos académicos adquiridos y salvaguardar los intereses formativos de los estudiantes.

Respecto a la internacionalización, el proyecto establece medidas destinadas a reforzar la dimensión internacional de las titulaciones. Estas actuaciones pueden incluir docencia en otras lenguas, programas de movilidad o dobles titulaciones internacionales, siempre adaptadas a la naturaleza de cada estudio y sin que supongan coste adicional para los estudiantes.

El decreto incorpora medidas dirigidas a reforzar la empleabilidad en las enseñanzas de grado, estableciendo que los planes de estudios deben contemplar actuaciones formativas orientadas a facilitar la inserción profesional de los estudiantes. Estas podrán incluir, cuando corresponda, períodos de prácticas académicas externas con una duración mínima de doce créditos ECTS, preferentemente en los últimos cursos de la titulación.

Machín expuso que la actualización de esta normativa permite avanzar hacia un sistema universitario "más ágil" en sus procedimientos y "más sólido" en la planificación de su oferta académica, "garantizando que las titulaciones respondan con calidad a las necesidades formativas y profesionales de Canarias".

Todas las modificaciones han sido acordadas por las universidades canarias, tanto públicas como privadas, cuyas alegaciones han sido recogidas en el documento.