Jueces y fiscales en Canarias admiten que la independencia judicial está "bajo amenaza" por iniciativas legislativas

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Jueces y fiscales en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura se han sumado este miércoles a los paros que se han realizado en diferentes sedes judiciales del territorio nacional porque admiten que la independencia judicial está "bajo amenaza" por las recientes iniciativas legislativas.

En un comunicado firmado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), citan la Constitución Española para apuntar que recoge la separación de poderes y la existencia de un Poder Judicial independiente de "toda injerencia política como garante" de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía.

Esta independencia judicial, subrayan, es "clave" para hablar de una democracia "real y de una verdadera" integración en la Unión Europea, que está "bajo amenaza" por las recientes iniciativas legislativas. En concreto, se refieren al proyecto de ley para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, así como el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.

El primero, explican, ha sido tramitado "injustificadamente por vía de urgencia", considerando que es un proyecto que "no responde a demanda social alguna", y que cuenta con un informe técnico "muy crítico" por parte el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En este sentido, consideran que esta reforma legal "va a rebajar la excelencia" de conocimientos en el acceso a las carreras judicial y fiscal, "eliminando contenido esencial" para la formación e introduciendo pruebas "más subjetivas y susceptibles" de filtración.

Añade que entre otras medidas, "como la de meter la política dentro del órgano que debe velar por la ética de los jueces", se pretende crear un centro de preparación de opositores "dependiente directamente del Gobierno y, por ello, con riesgo de selección ideológica" de los futuros jueces y fiscales de este país.

Y subrayan que "poniendo falsamente a Europa como excusa" se busca modificar la base de ambas carreras convirtiendo en jueces y fiscales "a 1.300 jueces y fiscales sustitutos, sin pruebas que midan su aptitud" para ello y, de esta forma, "en contra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, con grave perjuicio" de las promociones más jóvenes, así como de los "miles de opositores que se están sacrificando" para alcanzar su sueño de ser juez o fiscal.

Junto a todo esto, matizan, con el anteproyecto de reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, "se quieren aumentar" las competencias del fiscal general del Estado, quien, como jefe de todos los fiscales, también de los futuros fiscales de instrucción que quieren crearse, "seguirá nombrándose por el Gobierno sin ningún tipo de filtro previo, lo que sumado a la eliminación de garantías de autonomía de los fiscales, incrementará aún más si cabe, en contra de las exigencias europeas, el riesgo de injerencias" políticas en las causas de corrupción.

Señalan que todas estas reformas se producen ante un ambiente de "continuo ataque" al poder judicial y de "descrédito" de la Fiscalía, ya que se producen declaraciones políticas que "deslegitiman las resoluciones judiciales que molestan", que tratan al Ministerio Fiscal como un "apéndice el Gobierno", de tal forma que "minan la confianza" de los ciudadanos en su justicia y "facilita los abusos" de poder contra esos mismos ciudadanos.

"La existencia de un poder judicial fuerte e independiente no es un derecho de los jueces, es una garantía de todos, como lo es tener una Fiscalía imparcial y autónoma. Ambas exigencias son imprescindibles para preservar la buena salud democrática de un país", apuntilla para agregar que estas reformas están encaminadas a convertir al poder judicial en un "poder con minúscula, un poder más débil" en su función de "contrapeso" del poder político, así como "más maleable y sensible" a las presiones mediáticas y del poder.

Por ello han solicitado la retirada de ambos proyectos, sin descartar la adopción de medidas de conflicto "más intensas" como la huelga si se mantienen.

Finalmente vuelven a reclamar una masiva creación de plazas judiciales y fiscales para "mejorar la calidad y rapidez" del servicio que prestan a la sociedad.