SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -
El ex consejero de Presidencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de Canarias, Julio Bonis, ha señalado en su comparecencia ante la comisión que investiga las consecuencias del Delta en las islas, que la región cuenta con un "buen" plan de emergencias.
"Es un instrumento eficiente, genera cultura de emergencia entre las autoridades y establece el orden de actuación entre las administraciones involucradas".
Bonis se refirió así al Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de Canarias (Plateca), que "sin duda, debe desarrollar su normativa para que la coordinación de las emergencias recaiga en los alcaldes o los presidentes de los cabildos, en vez del consejero de Presidencia". El responsable "último" del Plateca es, precisamente, el consejero de Presidencia "pero la tendencia en estos instrumentos es que el Gobierno sólo actué en situaciones en las que se vean involucradas varias islas, de lo contrario deberían actuar directamente los municipios y cabildos".
En relación al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112), Bonis defiende su labor y apunta "que siempre se ataca su labor en situaciones límites como el Delta cuando en realidad sus funciones se centran exclusivamente en la atención de urgencias de carácter ordinario, mientras que las de carácter extraordinario deben quedar bajo el mando del Plateca".
Así, "una emergencia extraordinaria como el Delta debe quedar bajo la coordinación del responsable del Plateca, o sea, del consejero de Presidencia, ya que afecta a varias islas y debe vigilar la actuación conjunta de las administraciones implicadas pero nunca del Cecoes"
Bonis también se refería a la planificación del sector eléctrico en las islas. "Hasta la aprobación del decreto de las órdenes extrapeninsulares en el año 2003 (que establece la compensación económica a las empresas eléctricas que operan en Canarias por el sobrecoste que implica la generación, trasporte y distribución en las islas), el Estado insistía en que la planificación del sector en Canarias le correspondía a Madrid, pese a que el Estatuto canario decía lo contrario".
Bonis explicó que "con la publicación del decreto se acabó la discusión, porque ese instrumento reconoció que la competencia le corresponde a Canarias, si bien en coordinación con el Estado ya que el sobrecoste de las empresas que operan en las islas es pagado con fondos provenientes del sistema eléctrico de la península".
"Precisamente, cuando esto quedó claro, se hizo urgente que Canarias dispusiera de un plan energético y bajo mi mandato se elaboró el Plan Energético de Canarias (PECAN 2002)". El PECAN 2002 fue aprobado por el Ejecutivo pero nunca llagó al Parlamento, por lo que no tiene fuerza vinculante para la única empresa eléctrica que viene operando en las islas las tres actividades del sector.
"La financiación del PECAN 2002 correspondía en un 75 por ciento a fondos privados, otro 20 por ciento recaía en el Gobierno de Canarias y el resto a otros entes, como ayuntamientos y cabildos. El monto total de las inversiones prevista alcanzaba los 3.600 millones de euros".
Las inversiones que contemplaba por parte de Unelco-Endesa "se negociaban de buena fe entre el Gobierno canario, la empresa eléctrica y el Ejecutivo del Estado, pues todos estábamos involucrados por lo que manteníamos un diálogo permanente". En cambio, reconoció, "desde 2003 eso debía haber cambiado tras la publicación del decreto de las órdenes extrapeninsualres". .
