Mogán abre expediente disciplinario y retira el arma al policía local detenido por anular multas que cobraba en efectivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) ha anunciado la apertura de un expediente disciplinario y ha retirado el arma al agente de la Policía Local detenido el pasado lunes por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa al presuntamente anular multas que cobraba en efectivo.

Así lo ha informado el Consistorio, que agrega que dicho expediente deberá quedar paralizado hasta la finalización del procedimiento judicial en aplicación del principio de prejudicialidad penal.

Como medidas cautelares, además de la retirada del arma reglamentaria, el agente no prestará servicio en la vía pública, quedando limitado a la realización de tareas administrativas en dependencias policiales, todo ello respetando el principio de presunción de inocencia, al no poder adoptarse medidas de inhabilitación sin sentencia judicial firme.

Al respecto, el jefe accidental de la Policía Local, Marcos Domínguez, señaló que el detenido cuenta con 27 años de servicio y estaba adscrito desde hace años a la Unidad de Playas, desempeñando funciones propias del cargo y patrullando habitualmente en moto.

De igual modo, la alcaldesa, Onalia Bueno, ha indicado que el Ayuntamiento se ha personado en la causa y espera a conocer el contenido de las diligencias judiciales en curso, ya que la investigación continúa abierta y no se descarta que puedan derivarse nuevas diligencias.

El agente fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que instruye la causa, decretándose su libertad provisional el 3 de febrero.

Por su parte, Bueno explicó que el Ayuntamiento actuó "desde el primer momento" en que se detectaron estas anomalías, trasladando los hechos a la Guardia Civil y facilitando toda la documentación necesaria para el desarrollo de la investigación.

En ese sentido, detalló que la denuncia partió del propio Consistorio, cuando desde Gestiona Mogán llevó a cabo una revisión interna de los procedimientos sancionadores tramitados con las PDA de la Policía Local, coincidiendo con la incorporación de 10 nuevos agentes en febrero del pasado año y la asignación a estos de los mencionados dispositivos.

Las PDA están en funcionamiento en la Policía Local de Mogán desde 2020 y todas las actuaciones quedan automáticamente registradas en el servidor municipal, lo que ha permitido analizar los expedientes desde esa fecha.

En ese proceso se identificaron patrones anómalos en los registros de cobros y anulaciones en la PDA asignada al agente detenido, lo que motivó el traslado inmediato de la información a la Policía Judicial del puesto de la Guardia Civil de Puerto Rico.

En concreto, el Ayuntamiento apuntó que el agente habría anulado expedientes sin justificación legal e interrumpido de forma irregular el procedimiento administrativo.

La detención, llevada a cabo el lunes 2 de febrero, se enmarca en la operación PAYCASH, desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas.

REQUERÍA EL PAGO EN EFECTIVO DE MULTAS A TURISTAS

Durante la investigación se comprobó que el agente presuntamente utilizaba su condición de Policía Local para formular denuncias administrativas por infracciones de tráfico y seguridad vial en varios puntos de Puerto Rico, principalmente a turistas extranjeros con vehículos de alquiler, exigiendo el pago en efectivo de las sanciones, cantidades que posteriormente no ingresaba en las cuentas públicas.

El trabajo conjunto de la Guardia Civil, el Ayuntamiento de Mogán, Gestiona y la Jefatura de la Policía Local permitió constatar que el agente habría iniciado más de 1.000 procedimientos sancionadores, con una cantidad presuntamente malversada estimada en torno a 135.000 euros, desarrollando esta actividad durante varios años.

Durante la investigación, tal y como informó la Guardia Civil en un comunicado, se localizó a turistas sancionados por el agente en los últimos cinco años, quienes manifestaron que se les exigía el pago en efectivo.