Narváez defiende la legalidad de su actuación en el asunto del congreso de administración local

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), Conchi Narváez, ha defendido la legalidad de su actuación en el asunto del I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas-Santa Lucía 2022 y ha pedido dejar trabajar a la justicia.

Así lo ha señalado este jueves en un comunicado sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por el portavoz de CC en el municipio, Alejandro Marichal, por supuestos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales público contra la primera edil y otros cargos públicos.

"Mis actuaciones como alcaldesa se han ceñido en todo momento, de forma estricta, dentro de los márgenes de la legalidad en los preceptos relativos a la contratación de servicios, en este caso al Congreso Nacional de I Congreso Administración Local y Funcionarios con Habilitación Maspalomas-Santa Lucía 2022, tal como recoge la propia Ley de Contratos del Sector Público", indicó.

De igual modo, Narváez ha resaltado que está a "plena disposición" de la Fiscalía y de cualquier otra instancia judicial para "colaborar, aclarar y aportar" toda la información que se le requiera.

"No oculto el daño que esta denuncia ha provocado --añadió--, tanto como cargo público y personalmente, pero de la misma forma quiero expresar mi rechazo contundente a las maniobras de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública, con el único objetivo de exterminar a una contrincante política, valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunción de inocencia".

La alcaldesa ha apuntado que es partidaria de dejar hacer y dejar trabajar a la administración judicial, "evitando derramar la intoxicación para quebrar la imagen de cualquier contendiente y generar un rédito público a costa del uso de las malas artes".

"Demos tiempo al tiempo. Dejemos trabajar sin presión alguna a la autoridad judicial competente para que dirima y resuelva este asunto desde el criterio legal", reiteró.

Por último, Narváez ha afirmado que "desde la plena conciencia de que mi actuación, en este caso y en toda mi andadura como representante pública, ha estado ajustada a derecho y, de la misma forma, también desde el aspecto ético de mis decisiones, dentro y fuera de la administración pública, reitero mi plena confianza en las resoluciones judiciales".