SANTA CRUZ DE TENERIFE 21 Nov. (EUROPA PRESS) -
El PSOE ha instado este jueves al Gobierno de Canarias a reiniciar el expediente de sanción a las eléctricas por ceros energéticos en el archipiélago desde 2018 una vez han caducado y ha aclarado que los casi 50 millones que se tienen que devolver a las compañías no son fondos del Ejecutivo, sino una devolución del importe de las multas.
En una nota los socialistas rechazan las acusaciones del consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, al anterior Ejecutivo autonómico por tener que devolver "sanciones millonarias".
Así, aclaran cuando llegó el Gobierno del 'Pacto de las Flores' "los expedientes no caducaban, y ahora con este Ejecutivo los expedientes vuelven a caducar, que es el mejor servicio que le pueden dar a las eléctricas, han vuelto a las prácticas de antes".
En este sentido, recuerdan que a su llegada se constató la existencia de 47 expedientes sancionadores desde 2010 por importe de 60,8 millones de euros que habían prescrito, por lo que esas sanciones "nunca fueron abonadas" por las empresas eléctricas, es decir, "los anteriores gobiernos, liderados por Coalición Canaria (CC), dejaron prescribir todos esos expedientes, con una pérdida de más de 60 millones de euros para las arcas públicas canarias".
Según los socialistas, "la voluntad del 'Pacto de las Flores' fue la de no dejar prescribir ningún expediente, como sí hicieron los anteriores gobiernos de Coalición Canaria, por tanto, se incoaron los procedimientos sancionadores, tal y como establece la normativa reguladora, con los plazos establecidos en la misma".
Desde el PSOE se valora que el Gobierno de Canarias ampliara estos plazos para facilitar la resolución y evitar las prescripciones, pero también puntualizan que es cierto que, una vez prescrito un procedimiento, "se puede volver a iniciar otro procedimiento por los mismos hechos".
Desde el PSOE se ha solicitado a la Consejería de Transición Ecológica y Energía las copias de los expedientes sancionadores, con el fin de conocer los detalles de y controlar la acción del Ejecutivo autonómico.