Rodríguez dice que el decreto de licencias está negociado con la Fecam y niega que se estén "usurpando" funciones

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha asegurado este martes que el decreto de agilización de licencias urbanísticas, aprobado este lunes en Consejo de Gobierno, ha sido negociado con la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

"No estamos hablando de algo futurible, fue hablado, dialogado y negociado con la propia Federación Canaria de Municipios", ha señalado en respuesta a una pregunta de NC-BC en comisión parlamentaria, negando que se esté "usurpando" funciones a los ayuntamientos.

El consejero ha indicado que el Tribunal Supremo ya concluyó que una administración puede recurrir a la colaboración de otros organismos en la tramitación de procedimientos administrativos en circunstancias excepcionales o cuando no hay medios técnicos y materiales para desarrollarlos.

"Lo que estamos planteando es colaborar con los ayuntamientos generándoles un mecanismo y unos instrumentos nuevos para que puedan resolver problemas que hoy no son capaces o no pueden resolver", ha comentado.

Ha insistido en no "señalar" a los ayuntamientos por el "problema de la emergencia habitacional", que tampoco "es exclusivo de Canarias", sino que se da en todo el Estado y en la Unión Europea.

"Todos tenemos parte de responsabilidad, unos más y otros menos, y lo que buscamos ahora no es buscar responsables ni señalar responsables, sino buscar soluciones, y esto es una solución más", ha destacado.

Rodríguez ha apuntado que "no se puede negar" que el actual Ejecutivo es el que está "movilizando más instrumentos y herramientas" para afrontar la crisis de la vivienda, entre ellos el desarrollo de los suelos que tiene el Instituto Canario de Vivienda a su disposición.

"O están en construcción o están en proyecto, es decir, no hay ningún suelo que esté muerto de la risa como ha pasado tantos años", ha indicado.

Ha comentado que la obtención de una licencia urbanística es un "vía crucis" en muchos ayuntamientos, especialmente para construir vivienda protegida ya que requiere de una calificación provisional por parte del Gobierno de Canarias, luego se da la licencia y finalmente se obtiene la calificación definitiva.

"No en todos los 88 municipios es igual, pero sí es cierto que hay ayuntamientos, por ejemplo, que solo tienen un técnico municipal informando de todas las licencias, es evidente que es insuficiente", ha explicado.

El Gobierno se ha amparado, para elaborar su decreto de agilización de licencias, en informes de asociaciones de constructores y de alguna consultora que fijan el retraso en una media de dos años cuando el plazo legal es de tres meses.

Asimismo ha indicado que el retraso de una licencia supone un sobrecoste también en la propia vivienda que oscila entre 5.000 o 9.000 euros.

NC-BC: QUIEREN "SUPLANTAR" A LOS FUNCIONARIOS

Carmen Hernández (NC-BC) ha reprochado al consejero que se utilicen datos de informes privados y no de organismos oficiales dado que el análisis está "incompleto", al tiempo que ha defendido que "no es la tónica general" en todos los ayuntamientos que el plazo medio para conceder una licencia sea de dos años.

Ha dicho también que "empieza a parecer" que se acusa a los ayuntamientos de ser "responsables de todos los males de la vivienda" y ha incidido en que hay suelos públicos "secuestrados" en muchos municipios.

Además ha abierto la puerta a que el Gobierno de Canarias esté suplantando funciones de los ayuntamientos: "¿cómo una ley de carácter autonómico va a interferir en una competencia estrictamente municipal y además reglada y sometida al dictamen de un funcionario en el ámbito local?".

En su opinión, "suplantar" las funciones de los funcionarios "es un claro ejercicio de vaciar de contenido al Estado y a sus instituciones".

La diputada ha afeado también al Ejecutivo que haya optado por el "camino más corto" y con "poco éxito" de promover la construcción de vivienda protegida en el ámbito privado y "no ha querido apostar por la construcción de vivienda social para los colectivos con menos renta".