SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los Colegios Profesionales de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas han solicitado al Gobierno de Canarias que tome medidas "directas y urgentes" para agilizar el cobro de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el acceso a las prestaciones y recursos de la Ley de Dependencia.
Así lo han planteado en una nota de prensa en la que ambos Colegios han manifestado su preocupación por la situación de vulnerabilidad y exclusión social de miles de canarios cuyas condiciones socioeconómicas "no han visto ninguna mejora sustancial en los últimos meses".
"Esta realidad nos la transmiten las trabajadoras y trabajadores sociales que ejercen su trabajo en los Servicios Sociales de diferentes instituciones y en las ONG que trabajan con las personas que sufren situaciones de precariedad y vulnerabilidad social", señalan.
Indican, además, que todavía existen muchas familias que, siendo posibles perceptoras de la Prestación Canaria de Inserción y teniendo sus expedientes valorados positivamente desde la Dirección General de Bienestar Social, no han recibido la misma por haberse agotado la partida presupuestaria, hecho que ya fue denunciado en el primer trimestre del año por ambos Colegios Profesionales.
Recuerdan que ya advirtieron de este problema en noviembre del pasado año, cuando salieron a la luz los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, e inciden en que la Prestación Canaria de Inserción es para muchas familias "la única posibilidad de ingresos".
En cualquier caso, han valorado que la nueva viceconsejera de Políticas Sociales y Vivienda, Isabel Mena, haya denunciado el intento de "maquillar" los datos de la aplicación de Ley de Dependencia por parte de los anteriores responsables de ese departamento, y han respaldado su decisión de realizar una investigación de esos "graves hechos".
Por todo ello, piden que los nuevos responsables demuestren su voluntad de cambiar la situación actual apostando por un incremento de los presupuestos destinados a las políticas sociales y por una nueva Ley de Servicios Sociales que se haga con la participación de todas las organizaciones que están trabajando en este sector.
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