Empleo reclama al Ministerio de Trabajo que actualice las cuantías de las sanciones en materia de relaciones laborales

LOGROÑO 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda y Empleo, junto con las autoridades laborales de otras Comunidades Autónomas como Cataluña, Extremadura o Baleares, han instado al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales a que actualice las cuantías fijadas por la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social en materia de relaciones laborales, empleo, seguridad social, emigración, movimientos migratorios y obstrucción a la labor inspectora.

El Gobierno de La Rioja pretende con esta medida contribuir a mejorar la calidad en el empleo, reduciendo las tasas de temporalidad y fomentando el cumplimiento de la normativa laboral.

Empleo considera que debe actualizarse la cuantía para que el pago de una sanción administrativa no resulte más "rentable que el cumplimiento de la normativa laboral de aplicación", tal y como prevé la propia norma estatal en su Disposición Adicional primera. Especialmente, en materia de horas extras o fraudes en la contratación temporal, independientemente de las horas realizadas, contratos concertados en fraude de ley o número de trabajadores afectados, la cuantía máxima que puede imponerse es de 3.005,06 euros. Las cuantías de las sanciones, consideran las autoridades laborales de estas Comunidades Autónomas en su escrito al Ministerio de Trabajo, "deberían ser asimilables a las fijadas para la materia de prevención de riesgos laborales, sobre todo en determinadas infracciones por su gravedad, como las anteriormente expuestas, para que a la empresa no le resulte más favorable económicamente pagar la sanción administrativa que cumplir con la norma".

Asimismo, las autoridades laborales autonómicas han expresado su malestar al Ministerio de Trabajo por regular competencias en materia de seguridad y salud laboral propias de las Comunidades y no consensuar con ellas los nuevos textos normativos. Por último, las autoridades laborales han solicitado al Ministerio de Trabajo que haga públicas las sanciones impuestas por infracciones muy graves en materia de seguridad laboral, mediante desarrollo reglamentario, tal y como prevé la Ley de Infracciones.

El objetivo de esta medida es incentivar a aquellos empresarios que contribuyen a crear un empleo de calidad y castigar a los que lo hacen mal, mediante la presión social beneficiosa que supone la publicidad de comportamientos infractores.