Las declaraciones del PSOE "sólo pretenden crear alarma social cuando saben que los controles han sido estrictos y no ha habido ninguna persona afectada"
LOGROÑO, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Equipo de Gobierno ha mantenido y mantiene un estricto control sobre la prestación del servicio de comidas a domicilio; por la especial sensibilidad del mismo y porque había sido cuestionado despertando la lógica inquietud entre sus usuarios.
La evolución de los expedientes sancionadores a la empresa, y la clasificación de una de ellas como "muy grave" y de dos como "graves" abre ahora la posibilidad de resolver el contrato según han indicado los técnicos municipales.
El Gobierno ha actuado "siempre guiado por los servicios técnicos del Ayuntamiento, a fin de hacerlo en los estrictos términos que marca la Ley, y con el resultado de los análisis que ha solicitado para argumentar las sanciones y consecuencias imputadas a la prestadora de este servicio".
Frente a este comportamiento ágil y firme, pero prudente y responsable al mismo tiempo, "el Partido Socialista recurre nuevamente a la algarada y a la alarma social; sin pararse a pensar las consecuencias que ello tiene en un asunto de especial sensibilidad y sin tener en cuenta que ninguna persona ha resultado afectada".
Además, continúan, "es mentira que -como han dicho los socialistas- se haya estado prestando el servicio de comida en las mismas condiciones durante todo este tiempo". En cuanto en el primer mes se detectó el cambio del proceso de conservación "se ha estado empleando la pasteurización, tal como se recogía en el pliego de condiciones". Todos los controles realizados desde entonces han dado un resultado perfecto.
"La portavoz socialista lo sabe perfectamente -y no precisamente porque haya querido escuchar las explicaciones del Equipo de Gobierno ya que ayer no acudió a la comisión informativa- pero prefiere levantar sospechas en sentido contrario", indican.
Por último, "debemos indicar que el Gobierno ha impuesto una elevada sanción a los responsables de esta empresa por las irregularidades detectadas, 39.000 euros, y propondrá la resolución del contrato si la tipificación de las deficiencias corroboradas así lo permiten, con el pliego de condiciones en la mano y el asesoramiento de los técnicos municipales".
