El exalcalde de Arnedo asegura que quiso "cortar" la proliferación de 'casillas' ilegales que heredó

El exalcalde de Arnedo, Juan Antonio Abad

- PP LA RIOJA

   LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

   El que fuera alcalde de Arnedo entre 2003 y 2015, Juan Antonio Abad, ha asegurado hoy, ante la Audiencia Provincial, que quiso "cortar" la proliferación de 'casillas" ilegales que heredó (hasta 1.896) e incluso se creó la figura del vigilante de obra.

   En la primera vista oral del juicio por el que Abad se enfrenta a más de catorce años de inhabilitación, éste ha insistido en que él, como alcalde, delegaba la "distribución del trabajo".

   Ha explicado que él se "limitaba" a firmar lo que le entregaban los técnicos y ha asegurado que pretendía "regular la anarquía de construcción" que había, negando conocer que no se habían producido los derribos.

   "Yo he firmado sanción y derribo, evidentemente no salgo al campo a ver si se hace" ha dicho asegurando que "confiaba" en los técnicos. "Yo firmo las resoluciones, no estoy encima de las obras", ha insistido.

   El fiscal le ha preguntado directamente si tenía conocimiento de construcciones ilegales, ante lo que Abad ha explicado que en el año 2012 se realizó un censo para, a propuesta del Catastro, tener una referencia de las viviendas y empezar a cobrarles el IBI.

   En total, se abrió expediente a 1.896 edificaciones y en esta causa, ha dicho, se han traído los que le quedaron "por resolver" y es que, ha insistido, "es una realidad que en Arnedo viene ocurriendo desde hace mucho tiempo" y que él, como alcalde, quiso "cortar".

   Ha relatado cómo, en este cometido, pidió a la Policía Local que vigilara que no hubiera una construcción "descontrolada", pero los agentes le indicaron que "entre su valoración de puestos de trabajo no está salir fuera del casco urbano".

   Al ser un "nuevo cometido" pidieron una remuneración añadida, algo que Abad vio como un "chantaje" ante el que no estaba "por la labor" y, por eso, creó la figura de vigilante de obras, cuyo cometido era "salir al campo y vigilar".

   A este respecto, ha entendido que el SEPRONA "también podía hacer un pequeño esfuerzo si existen edificaciones en zonas protegidas, no echarle toda la responsabilidad al ayuntamiento".

   En cualquier caso, ha dicho no tener constancia de que suponga un delito penal el hecho de que se abra un expediente de demolición y no se cumpla por parte del propietario.

   Se ha detenido en el caso de una empresa de calzado, que se sobrepasó en la ejecución de unas obras para las que tenía un permiso que le permitía una ejecución menor y a la que se intentó buscar "una salida" tratando de preservar la actividad y los puestos de trabajo.

   También, incluso se pensó, en el caso de las huertas heredadas donde se ha "edificado", poder llamarles "huertas tradicionales familiares". En éstas, ha contado que existió un problema "gordo" de aguas residuales y se "intervino" para decirles que necesitaban fosa aséptica.

PREVARICACIÓN Y OMISIÓN

   El Fiscal pide más de catorce años de inhabilitación a Abad por un delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos, en las conocidas como 'casillas' ilegales de Arnedo.

   En concreto, el fiscal LE pide trece años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación administrativa, a lo que suma otro año y cuatro meses por el delito continuado de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos.

   En la calificación, compuesta por 152 folios, se indica que a Abad "en su condición de autoridad, le correspondía el deber de ejercitar las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente".