La Fiscalía archiva la denuncia por una posible irregularidad en la vacunación en Santo Domingo

   LOGROÑO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Fiscalía ha archivado la denuncia por una posible irregularidad en la vacunación en Santo Domingo rechazando investigar hechos "sospechados" y dados a conocer a través de las redes sociales, que se caracterizan por ser "huérfanas de responsables".

   La Fiscalía ha relatado cómo se recibió en la Fiscalía Superior escrito presentado por Muévete Santo Domingo en el que se ponía de manifiesto que, durante el fin de semana, se habían trasladado por las redes sociales incidencias en la administración de la vacuna de la COVID-19 en el Hospital Santo Domingo de la Calzada.

   La Fiscalía explica cómo al parecer, y según los mensajes de estas redes sociales, se habría suministrado dicha vacuna a una persona que no se hallaba en el grupo de vacunación establecido en el protocolo, entendiendo que estos hechos constituirían una sustracción de material público de valor sanitario.

   Frente a esto, tiene en consideración, en primer lugar, que la fuente de la noticia son las redes sociales, lugares no sometidos a fiscalización, "huérfanas de responsables y no necesitadas de ningún contraste con la realidad para exponer sus conclusiones".

   Así, ha explicado, "simplemente se hacen manifestaciones de que alguien ha vacunado a alguien: quizá una enfermera o enfermero ha suministrado una dosis de la vacuna a alguien que, al parecer, no estaría en el grupo preferente, habiéndose saltado el orden protocolario".

   De este modo, indica la Fiscalía, lo que se le pide es una investigación prospectiva para fiscalizar si el Hospital del Santo ha permitido, o ha facilitado, esa alteración.

   "Y esa investigación prospectiva", añade, "es imposible en un Estado de Derecho y, como tal, se encuentra prohibida por el Tribunal Constitucional así como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos" porque sería "una búsqueda con ánimo persecutorio de hechos no conocidos y símplemente sospechados".

   Insiste: "Iniciar un procedimiento judicial para indagar si alguien ha podido cometer alguna infracción que pudiera constituir algún tipo de delito previsto en el Código Penal supone una actuación contraria, no sólo al estado de derecho, sino también al sentido común".

   También se pregunta qué tipo de delito sería la alteración del orden de vacunación, dado que el Código Penal no contempla conducta semejante, por lo que debería ponerse el punto de mira tanto en la dirección del hospital como en los sanitarios encargados del suministro como al propio sujeto pasivo de la vacuna.

   Así, apunta, dado que una vacuna es un bien público únicamente podría tratarse de una posible malversación de caudales públicos, "si bien", añade, hay que tener en cuenta "el exiguo valor económico de la vacuna y la indefinición del funcionario responsable".

   Por último, la Fiscalía señala que la propia denuncia afirma que el propio hospital ha iniciado un expediente de naturaleza administrativa. En consecuencia, considera que "no cabe sino el archivo" de la denuncia.