Ministerio y La Rioja impulsan la construcción de 72 viviendasdestinadas al alquiler social

LOGROÑO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez; el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas; la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población de La Rioja, Eva Hita; el alcalde de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez; el alcalde de Alfaro, Julián Ángel Jiménez, y la alcaldesa de Calahorra, Elisa Garrido, han firmado hoy un acuerdo para la promoción pública de 72 viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, con una aportación por parte del Mitma de 3.432.520 euros.

El acuerdo recoge la puesta en marcha de ayudas para la promoción de viviendas en tres municipios que desarrollará la propia comunidad a través del IRVI, en suelos propios o cedidos en convenio por los ayuntamientos.

En concreto, el proyecto prevé la construcción de 40 viviendas en Alfaro, 8 viviendas en Calahorra y 24 en Torrecilla en Cameros, con una inversión estimada de 11,4 millones de euros.

La aportación del Mitma se financia con el Programa de ayuda a la
construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A través de éste se pretende financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda asequible durante un período mínimo de 50 años, con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.

Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, el Mitma ha trasferido ya a La Rioja 3.490.000 , estando prevista una transferencia adicional del mismo importe en el año 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 por vivienda.

DERECHO CONSTITUCIONAL A LA VIVIENDA

En su intervención, Raquel Sánchez ha recordado la importancia de
ampliar el parque de vivienda pública y mejorar habitabilidad y
sostenibilidad del ya existente para contribuir así a garantizar el derecho constitucional a la vivienda. "Durante demasiado tiempo se ha mirado hacia otro lado. Se ha evitado enfocar la vivienda bajo el prisma de los derechos humanos. Y eso ha provocado que el concepto de vivienda como derecho fuera sustituido por el de vivienda como bien especulativo", ha asegurado.

En este sentido, ha aprovechado para destacar la necesidad de tener una Ley de Vivienda llamada a ayudar a consagrar el derecho a la vivienda, proteger la vivienda pública existente, aumentar la oferta de pisos en alquiler a precios reducidos y controlar las rentas en las zonas más tensionadas.

Todo ello dentro de un Plan Estatal de Vivienda que nace con
la intención de atender las necesidades más urgentes y que "incluye
ayudas al alquiler habitual a ciudadanos con escasos recursos, a víctimas de violencia de género, a afectados por desahucios; a personas sin hogar; a otras especialmente vulnerables; y, por supuesto, a los jóvenes", ha apuntado.

Todas estas iniciativas se suman al objetivo del Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda digna y accesible. "Hemos querido proteger y ampliar la vivienda pública, el gran agujero negro de nuestro mercado inmobiliario.

El parque de vivienda social en alquiler en España ofrecía
cobertura únicamente al 1,6% de los hogares frente a las tasas del 15% que exhiben algunos países de nuestro entorno", ha explicado Raquel Sánchez durante su intervención. "Para remediar esta carencia lanzamos el Plan de Vivienda para el Alquiler Asequible con el que vamos a construir alrededor de 100.000 viviendas", ha concluido.