LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal pide una pena de 32 años de prisión para siete personas acusadas de un delito contra la salud pública al trapichear con drogas en Logroño.
Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a julio de 2009 cuando a consecuencia de investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional se tuvo conocimiento de que el matrimonio formado por S.G.A. y O.G.M. se dedicaba a suministrar sustancias estupefacientes (heroína y cocaína) a personas con las que concertaban citas telefónicas acudiendo a las inmediaciones del domicilio de los acusados o a otros establecimientos para proceder a la venta.
Tras montar un dispositivo de vigilancia a los acusados se pudo comprobar cómo se realizaban pases de sustancias estupefacientes. Además, se interesó la intervención de los teléfonos de ambos donde a través de términos previamente concertados se constató como también utilizan este método para concertar las ventas.
A través de las conversaciones telefónicas intervenidas y de las vigilancias se constató que los acusados se proveían de sustancias en un local regentado por otro acusado, J.R.S., y al que con frecuencia acudía otro de los acusados, A.D., a estas dos personas también se les intervino los teléfonos.
Durante las vigilancias a dicho establecimiento también se comprobó cómo se procedía a la venta de dichas sustancias. Finalmente y a través de más intervenciones telefónicas se comprobó cómo el quinto acusado J.M.E. adquiría sustancias para venderlas a terceras personas.
En la distribución de sustancias estupefacientes intervenían también los dos últimos acusados L.A.J y R.N.S. En el domicilio de estos últimos se pudo comprobar cómo llevaban a cabo dicha venta interviniendo a las personas que acudían al domicilio diferentes papelinas de heroína y cocaína.
Para el Fiscal estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por lo que procede imponer a los tres primeros acusados la pena de cuatro años de prisión y a los cuatro últimos cinco años de cárcel, en total 32 años de prisión, y diferentes multas económicas para cada uno de ellos.
