Archivo - Tres niñas a su llegada al colegio - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo
LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -
El inicio del curso escolar vuelve a poner de manifiesto, según critica el sindicato PIR La Rioja, "las graves carencias que afectan a numerosos centros educativos públicos". Deficiencias en materia de seguridad eléctrica, ascensores fuera de servicio "y una preocupante falta de medios informáticos dibujan un escenario de precariedad que, a juicio de la organización sindical, resulta incompatible con las exigencias que la propia Administración reclama al conjunto de la sociedad".
PIR considera "especialmente preocupante" el estado de las instalaciones eléctricas de determinados centros educativos y reclama que se lleven a cabo auditorías y revisiones técnicas exhaustivas que permitan conocer y corregir las deficiencias existentes.
"No se puede exigir a empresas, trabajadores y particulares un escrupuloso cumplimiento de las normas de seguridad mientras algunos edificios públicos destinados a la educación presentan carencias que deberían estar resueltas", señala el sindicato.
La organización considera "especialmente contradictorio" que se impulse entre los centros educativos una constante modernización de sus instalaciones, así como proyectos vinculados a la digitalización y la sostenibilidad, mientras no siempre se garantizan previamente las condiciones básicas de seguridad de los propios edificios.
Para el sindicato, la Administración "debe ser la primera en dar ejemplo y garantizar que todos los centros públicos cumplen de manera efectiva con las exigencias técnicas y de seguridad que les son aplicables y evitar riesgos para los niños".
ASCENSORES FUERA DE SERVICIO Y PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD
A las deficiencias en las instalaciones se suma, según el sindicato, "la situación de los ascensores que permanecen inoperativos en numerosos centros educativos".
Señala especialmente "los retrasos relacionados con revisiones, mantenimiento y tramitación de los permisos necesarios por parte de las administraciones responsables. En el caso de Logroño, considera especialmente grave que estas actuaciones no se hayan realizado con la suficiente antelación para garantizar el funcionamiento de los ascensores al comienzo del curso".
Las consecuencias "van más allá de una simple incomodidad. La ausencia de ascensores dificulta el acceso y la movilidad de personas con discapacidad o movilidad reducida y afecta al normal funcionamiento de los centros".
Además, el personal de Conserjería y otros trabajadores "se ven obligados a trasladar por las escaleras mobiliario y materiales que, por su peso o volumen, deberían poder transportarse mediante los medios disponibles en el edificio".
"No es razonable que, en pleno 2026, un trabajador tenga que subir y bajar mobiliario pesado por las escaleras porque un ascensor lleva semanas sin funcionar por problemas administrativos", denuncia el sindicato PIR.
La organización reclama que todos los trámites, revisiones y actuaciones necesarias se realicen con carácter inmediato, de manera que los ascensores recuperen su funcionamiento y se garantice efectivamente la accesibilidad de los centros.
PRECARIEDAD INFORMÁTICA Y RIESGOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS
El tercer gran problema señalado por el sindicato PIR afecta a los medios tecnológicos puestos a disposición del profesorado.
La organización alerta de "situaciones en las que los ordenadores disponibles no son capaces de acceder al escritorio virtual debido a su antigüedad y unas prestaciones claramente insuficientes para las necesidades actuales".
"Esta escasez obliga al profesorado a buscar soluciones por su cuenta y, en determinados casos, a utilizar sus propios ordenadores personales para desarrollar tareas relacionadas con su actividad profesional".
El sindicato considera "preocupante" esta situación por sus implicaciones en materia de protección de datos y seguridad de la información. La Administración exige al profesorado un elevado nivel de responsabilidad en el tratamiento de los datos personales y académicos del alumnado, "pero, al mismo tiempo, no siempre proporciona los medios tecnológicos necesarios para trabajar dentro de un entorno corporativo seguro".
"No se puede exigir al profesorado que garantice la máxima protección de los datos del alumnado y, al mismo tiempo, dejarle sin los equipos necesarios para desarrollar su trabajo. La responsabilidad de la vulneración de la ley de protección de datos recae en la Consejería de Educación", sostiene el sindicato.
Recurrir a dispositivos personales "no debería convertirse nunca en una solución estructural ante la falta de medios públicos. La Administración debe proporcionar equipos suficientes, actualizados y adecuadamente protegidos, garantizando tanto las condiciones de trabajo del profesorado como el cumplimiento de las leyes vigentes".
UN PLAN DE CHOQUE PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS
Ante esta situación, el sindicato PIR La Rioja reclama a las administraciones competentes la puesta en marcha de un plan de choque urgente que permita abordar de forma coordinada las principales deficiencias detectadas.
En concreto, el sindicato exige:
Una auditoría técnica de las instalaciones eléctricas de los centros educativos y la inmediata subsanación de las deficiencias que puedan comprometer la seguridad.
La puesta en funcionamiento de los ascensores actualmente inoperativos, acelerando revisiones, reparaciones y trámites administrativos pendientes.
El cumplimiento efectivo de las condiciones de accesibilidad universal en todos los centros educativos públicos.
Una dotación informática suficiente y actualizada, acorde con las necesidades reales de los departamentos y del personal docente.
Medidas que garanticen el cumplimiento de la ley de protección de los datos del alumnado y del personal, evitando que la falta de equipos obligue a recurrir a dispositivos personales.
Una planificación preventiva de las actuaciones de mantenimiento, para que los centros no comiencen cada curso arrastrando problemas que deberían haberse solucionado durante el periodo no lectivo.
El sindicato PIR La Rioja considera que estas cuestiones no son demandas accesorias ni mejoras opcionales, sino condiciones básicas para garantizar la seguridad, la accesibilidad y el correcto funcionamiento de la educación pública.
"La educación pública necesita recursos, mantenimiento y planificación, no discursos vacíos. La Administración debe cumplir en sus propios centros las mismas exigencias que reclama al resto de la sociedad", concluye el sindicato PIR La Rioja.