LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma en Defensa del Agua Pública de Haro ha expresado "su profunda preocupación ante la propuesta que el Ayuntamiento pretende llevar al Pleno extraordinario del próximo 29 de octubre para iniciar la contratación externa de la operación y mantenimiento del sistema de abastecimiento de agua potable, las reparaciones de las redes de abastecimiento y saneamiento y la renovación de contadores".
Como señala el colectivo en una nota, se trata de "un contrato proyectado que asciende a 2.640.150 euros, sin IVA, con una duración inicial de tres años y la posibilidad de prorrogarlo un año más", ante lo que asegura que "estamos ante una decisión de enorme trascendencia para el futuro de un servicio público esencial".
"El agua -indican desde la Plataforma- no puede gestionarse mediante decisiones insuficientemente explicadas a la ciudadanía ni mediante expedientes cuya justificación técnica y económica no se haya sometido a un escrutinio público adecuado".
Añaden que la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, "modificó el artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local para establecer que los servicios públicos municipales deben gestionarse de la forma más sostenible y eficiente". Una "obligación legal que no puede ignorarse".
La Plataforma considera "imprescindible que el Ayuntamiento explique cuál es el modelo actual de gestión del abastecimiento, qué funciones pretende trasladar a la empresa contratista y si esta operación constituye, en la práctica, un cambio de modelo".
"Si se pretende cambiar la forma de gestión del agua, el Ayuntamiento debe justificarlo mediante una motivación técnica y económica suficiente. No puede presentarse como una simple cuestión administrativa una contratación que abarca operaciones esenciales para el funcionamiento cotidiano del abastecimiento municipal", consideran.
Por eso, se preguntan "¿Dónde están los estudios que justifican la decisión?" y señalan que "la propuesta municipal hace referencia a una memoria justificativa de fecha 21 de octubre de 2026, pero su contenido no aparece reproducido en el documento presentado".
La Plataforma reclama que "se haga pública y que se aclare si se han analizado alternativas, incluidos los costes y las posibilidades de la gestión directa municipal" y suma que "también exige conocer cómo se ha acreditado la insuficiencia de medios propios y por qué se ha decidido agrupar todas las prestaciones en un único contrato, sin división en lotes".
"No basta -dicen- con afirmar que resulta necesario contratar una empresa. Es imprescindible demostrar qué necesidades existen, qué alternativas se han considerado y por qué la solución propuesta responde al interés general".
La Plataforma recuerda que "la contratación externa no libera al Ayuntamiento de sus responsabilidades sobre el abastecimiento de agua potable, el agua es un servicio público, no una decisión que deba adoptarse sin explicaciones".
Recalca que "el abastecimiento de agua potable afecta directamente a la salud pública, la seguridad del suministro, las familias, los establecimientos y la actividad económica del municipio, la dirección, el control y la planificación del servicio deben quedar plenamente garantizados".
El grupo considera "especialmente preocupante que se avance hacia una contratación de esta envergadura sin que la ciudadanía conozca con claridad qué responsabilidades asumirá la empresa privada, cuáles conservará el Ayuntamiento y cómo se supervisará la calidad de las prestaciones".
"La contratación privada de determinadas operaciones puede ser legal, pero eso no elimina la obligación de justificar el gasto público, ni sustituye la necesaria transparencia en las decisiones municipales", aducen.
Exigen "transparencia antes de comprometer el futuro del abastecimiento", para lo que reclaman que "el Ayuntamiento identifique con precisión el modelo actual de gestión del abastecimiento y el que resultaría del nuevo contrato"; que "publique la memoria justificativa y los estudios técnicos y económicos disponibles".
También que "explique si se ha evaluado la alternativa de gestión directa municipal"; que "Secretaría General emita un pronunciamiento expreso sobre la aplicación del artículo 85.2 de la Ley de Bases de Régimen Local"; que "se justifique la insuficiencia de medios propios y la decisión de no dividir el contrato en lotes"; y que "no se adopte una decisión definitiva sobre la contratación sin facilitar previamente toda la documentación necesaria para su examen".
El grupo considera que "la ciudadanía tiene derecho a conocer los fundamentos de una decisión que puede condicionar el funcionamiento del abastecimiento municipal durante los próximos cuatro años".
"No estamos hablando de un contrato menor ni de una cuestión administrativa secundaria, estamos hablando del funcionamiento de un servicio esencial y del destino de más de 2,6 millones de euros de contratación pública", reseñan.
El Ayuntamiento "debe explicar qué se contrata, por qué se contrata, cuánto costará realmente y qué garantías existirán para proteger el interés general, lLa transparencia no es una concesión del gobierno municipal, es una exigencia de la gestión pública".
Así, "en respuesta a la falta de transparencia por parte del equipo de Gobierno local, y a las decisiones tomadas sin tener en cuenta la opinión pública", la Plataforma convoca una concentración-cacerolada de urgencia el jueves 29 de octubre a las 18 horas en la Plaza de la Paz.
"Llamamos a todos los ciudadanos a acudir a esta concentración para defender nuestro derecho a un servicio del agua público. El futuro del servicio se decide ahora. No dejemos que privaticen este recurso tan esencial". Tras la concentración, invitan a los ciudadanos a acudir al Pleno extraordinario "para que quede clara la oposición general del pueblo.
Por último, la Plataforma avanza que "continuará examinando la documentación disponible y reclamando las aclaraciones jurídicas y técnicas necesarias para que cualquier decisión sobre el abastecimiento municipal se adopte con garantías".
