UGT alerta de la falta de profesionales en dependencia y pide mejorar sus condiciones para atraer talento y retenerlo

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

UGT estima que en el año 2030 serán necesarios entre 261.000 y 400.000 profesionales más como mínimo en el sector de la Dependencia, entre 1.750 y 2.680 en La Rioja. Unas cifras que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar "sus condicionales laborales y salariales" para atraer talento y, sobre todo, "retenerlo".

Así lo han explicado este miércoles la secretaria del Sector de Atención Social de UGT Servicios Públicos, Dary Saiz, y las trabajadoras, Inmaculada Rubio y Cristina Rodríguez.

Como han asegurado, el sector afronta "un importante reto de futuro" que hay que empezar a trabajarlo "desde ya" porque como ha indicado Dary Saiz, "se pierden hasta un 20 por ciento de profesionales cada año en busca de mejores condiciones".

'QUE ES PROFESIONAL SE NOTA EN CADA DETALLE'

Con el fin de visibilizar el trabajo de estas profesionales que sostienen los cuidados y reivindicar sus derechos, desde UGT han presentado la campaña 'Que es profesional se nota en cada detalle', una iniciativa de ámbito nacional que durante un año ayudará a poner en el centro del debate las condiciones laborales, los salarios insuficientes, la parcialidad, la falta de profesionales, la sobrecarga física y emocional y las dificultades para conciliar en las que se encuentran.

La campaña llegará a residencias, centros de día, servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia de municipios y comarcas de La Rioja.

Entre los mensajes que se trasladarán en la campaña, desde UGT quieren recordar que las trabajadoras del sector de los cuidados cobran "un 35 por ciento menos por hora que el salario medio en España".

Además aseguran que entre el 30 y el 40 por ciento de los contratos son a tiempo parcial y que el 72 por ciento de estos profesionales sufren problemas físicos derivados de las características de esta actividad.

GRADOS DE DEPENDENCIA

Para observar cómo se encuentra la dependencia en la región, desde UGT explican que a 31 de diciembre de 2025, un total de 10.429 personas tenían reconocido un grado de dependencia con derecho a prestación, de las que 9.402 figuraban con prestación efectiva. La diferencia, 1.027 personas, muestra "que el reconocimiento del derecho y la atención efectiva no siempre se producen al mismo tiempo".

Para el sindicato, la espera también es otro de los problemas ya que, a cierre de 2025, la primera resolución de prestación en La Rioja tardaba una media de 174 días, unos 5,8 meses. "Durante ese año fallecieron 3 personas solicitantes sin valoración y 171 personas dependientes pendientes de prestación".

Desde UGT también critican que en el Servicio de Ayuda a Domicilio, la media del servicio fue de 28,71 horas mensuales. Repartidas matemáticamente entre 30 días, serían unos 57 minutos diarios. "Durante este tiempo, las profesionales pueden ayudar a personas a levantarse, asearse, vestirse, alimentarse o desplazarse, además de observar cambios, comunicar incidencias y coordinar la atención".

A esta carga física, prosiguen, se suma la dimensión emocional del trabajo. "Las profesionales acompañan procesos de deterioro, dependencia, soledad y, en ocasiones, el final de la vida". Por todo ello desde UGT reclaman que "se evalúen y prevengan los riesgos psicosociales actuando sobre sus causas mediante plantillas suficientes, sustituciones, descansos y una organización adecuada".

CONVENIO DE RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

Finalmente, y aunque desde el sindicato han puesto en valor el acuerdo alcanzado para el Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja 2026-2028 "fruto de las movilizaciones y de la negociaciones sindicales" sí que siguen reclamando un convenio estatal eficiente.

En él piden que se contemple una financiación suficiente, más servicios públicos y menos espera, ratios y plantillas suficientes, salarios de convenio por encima del SMI y un empleo estable y menos parcialidad involuntaria.

También solicitan que se realice una valoración adecuada de los puesto de trabajo, prevención y reconocimiento de enfermedades musculoesqueléticas, formación, reconocimiento y promoción profesional, mayor protección en bajas y jubilación y contratos públicos suficientes y actualizados.