MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El profesor de Teoría Económica del CEU Miguel Marín ha propuesto crear un mecanismo 'ad-hoc', "temporal y muy potente", como "un fondo contra la pobreza" para ayudar a los hogares españoles más vulnerables afectados por la crisis del coronavirus COVID-19 en lugar de aprobar "a la carrera" una herramienta de carácter permanente como el ingreso mínimo vital que está preparando el Gobierno. Se trata de un artículo realizado por Marín para la Fundación FAES, que preside José María Azanar.
"Las urgencias de bienestar a las que nos está abocando el impacto económico de la crisis del COVID-19 no pueden esperar a todo este proceso lógico de elaboración de un beneficio social que, según su diseño, se podría convertir en una de las rúbricas principales del gasto en España. Esto parecería ser a lo que invitan la lógica y la prudencia. Sin embargo, el Gobierno se ha embarcado en una carrera por aprobar una renta mínima con carácter permanente y estructural, y por hacerlo de forma inmediata y sin consultar con nadie", señala el experto.
A su juicio, sería "más sencillo y eficaz" crear "un fondo contra la pobreza en España para sostener las rentas de los más damnificados por la crisis y con una duración estipulada de un año natural desde su puesta en marcha. Según precisa, este fondo tendría "una dotación suficiente según los cálculos de que se disponen, que se financiaría como crédito extraordinario en su totalidad y, por tanto, iría directamente a aumentar en algo menos de un punto la ratio deuda sobre PIB".
Para Miguel Marín, es "moral y políticamente inasumible" convivir con bolsas de pobreza en una sociedad desarrollada pero rechaza la aprobación de una renta como la que propone el Gobierno "de forma unilateral y a la carrera", pues considera que un ingreso de estas características supone "una reforma de enorme calado que requiere, además de una reflexión previa y rigurosa lo más amplia posible, un diseño técnico que genere seguridad en el tiempo y un amplio consenso político entre los partidos, con los agentes sociales y con las comunidades autónomas" y "no incurrir en sonados fracasos no tan lejanos como el cheque bebé o la financiación de la ley de dependencia".
"Es evidente que de esta crisis solo podemos salir con una acción muy potente del sector público. Pero no se termina de entender la urgencia de aprobar un mecanismo permanente y estructural cuando contamos con los mecanismos necesarios para satisfacer la urgente necesidad de ser justos con los más vulnerables pero prudentes al mismo tiempo", añade.
Según puntualiza, citando la prensa y las cuantificaciones de pasadas propuestas, la medida de una renta mínima vital "vendría a costar entre 6.000 y 15.000 millones de euros". Por otro lado, señala que las previsiones de impacto económico sobre la economía española sitúan las previsiones de déficit público a finales de año, con datos del FMI de la semana pasada, en el entorno del 10% del PIB.
"No parece que, incluso si saliéramos mañana a la calle, vayamos a andar sobrados de recursos en los próximos años. El riesgo de un agravamiento de la crisis que haga inasumible un compromiso estructural de esa magnitud existe. Más vale un mecanismo temporal prorrogable que tener que revocarlo en el futuro", señala.
