El importe de los arrendamientos no declarados roza los 326 millones de euros anuales en la comunidad
MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda (GESTHA) estiman que el 58,1% de los arrendamientos localizados en Madrid son alquileres sumergidos que escapan del control del Fisco, lo que sitúa a esta comunidad como la sexta comunidad con menor porcentaje de arrendamientos no declarados.
Según un estudio realizado por este colectivo. en la actualidad, se calcula que existen alrededor de 148.421 alquileres sumergidos en Madrid, lo que representa el 15,2% del total del parque de viviendas alquiladas en nuestro país. En España, el número de alquileres sumergidos supera los 977.306, lo que supone el 60,5% del total de viviendas arrendadas.
El informe de Gestha -elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF)- cifra en 325,8 millones de euros anuales, las rentas sumergidas en Madrid derivadas del arrendamiento de vivienda, excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares. En España, la cifra asciende a un total de 1.800 millones de euros.
Según Gestha, otros arrendamientos más propensos a registrar irregularidades son los alquileres "de temporada", especialmente los situados en las localidades costeras y aquéllos protagonizados por los sectores socioeconómicos menos favorecidos, como son los inmigrantes o los estudiantes, cuyo domicilio suele ser provisional.
Asimismo, otros arrendamientos susceptibles de irregularidades, aunque en menor medida, son los relacionados con el alquiler de segundas residencias o de fines de semana, viviendas aparentemente desocupadas pero que, en realidad, esconden alquileres no declarados. Seis comunidades concentran el 82% de los alquileres sumergidos
Por zonas geográficas, el informe de Gestha señala que el 82% del fraude por alquileres no declarados se concentra en Cataluña, Madrid, Andalucía, Islas Canarias, Valencia y Baleares, mientras que las comunidades autónomas de La Rioja y Cantabria son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
La Comunidad Catalana lidera, con más de 542 millones de euros anuales, las rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las Comunidades de Madrid y Andalucía, con 325,7 y 278,2 millones, respectivamente. En la Comunidad Valenciana el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 111,8 millones, mientras que en los Archipiélagos Canario y Balear asciende a 144 y 96,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Extremeños y murcianos, los que más defraudan
Por otro lado, según el estudio, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Extremadura, donde casi el 78% de las viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. A continuación le siguen las comunidades de Murcia (76,69%), Andalucía (75,31%) y Canarias (69,84%), aunque son las plazas de Ceuta y Melilla las que concentran, con un 82%, el mayor porcentaje de pisos alquilados sumergidos.
Por el contrario, el comportamiento fiscal más ejemplar se localiza en Aragón, donde sólo el 32,2% de los alquileres escapan del control del Fisco. Asimismo, las comunidades de La Rioja y Castilla y León presentan una conciencia fiscal menos laxa que el resto de España ya que la mitad de los alquileres se declaran legalmente.
MEDIDAS
Ante esta situación, el informe de los Técnicos de Hacienda considera "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales.
En particular, el estudio propone que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja una delimitación legal mayor de los derechos y obligaciones de las partes, así como el establecimiento de un sistema de garantías para arrendador y arrendatario, en especial en lo referente a las obligaciones de ambos sobre la conservación de la vivienda, el pago de la renta y de los gastos generales y de servicios individuales.
En segundo lugar, plantea modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días, los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar la demanda de desahucio por falta de pago de las rentas. Este colectivo propone que en este caso, la orden de lanzamiento se expida junto con la sentencia.
Asimismo, el informe de Gestha estima necesario que los juicios rápidos sean "realmente rápidos", por lo que el Ministerio de Justicia debería aumentar el número de juzgados necesarios para que tanto la vista, como la sentencia de desahucio por falta de pago de las rentas y el lanzamiento fueran realizadas en otros quince días.
Finalmente, con objeto de que se puedan cumplir las medidas contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, y no se queden en una mera declaración de intenciones, el informe considera "imprescindible" habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de la efectiva aplicación de las medidas de esta Ley.
Gestha estima que con esta habilitación y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en 10 puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles de fraude similares a los países de la Unión Europea, y aflorando así cerca de 56.522 millones de euros. En la actualidad, la bolsa de fraude en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23% del PIB (900.000 millones de euros en 2005), lo que supone un montante de 200.000 millones euros.
