Los procesados por el intento de rapto niegan su participación, pero los posicionamientos de sus móviles les implican en los hechos
MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -
María de los Reyes E.L., acusada de asesinar de dos tiros al policía José Manuel Álvarez Pacios, aseguró hoy en el juicio que comenzó en la Audiencia Provincial de Madrid que actuó en legítima defensa para impedir el secuestro de su marido, quien supuestamente adeudaba a unos narcos colombianos.
La procesada se enfrenta a una pena de 7 años de cárcel por un delito de homicidio. Le acompañan en el banquillo de los acusados el policía nacional José M.C. y los colombianos José A.A. y Alberto A.G, quienes afrontan una condena de 4 años de cárcel por intento de secuestro y lesiones.
La Sección Sexta de la Audiencia madrileña juzga desde hoy una historia rocambolesca que esconde un asunto de drogas en el que estaban relacionados dos policías de Leganés. Según las pesquisas judiciales, los agentes ayudaban a narcos en tareas de vigilancia a cambio de dinero.
En su declaración, María de los Reyes relató que el 5 de enero de 2005 se encontraba con su marido en dirección a comprar los regalos de Reyes, cuando el vehículo en el que viajaban fue interceptado por un coche que identificaron como policial en la calle Minerva con la calle la Torre de Vicálvaro.
"Un hombre se bajó del coche y se identificó como agente, pidiendo a mi marido la documentación del coche. Pero acto seguido se lió a golpes con él e intentó introducirle en el coche. Yo salí y empecé a darle con el bolso, pero no había manera de pararle", contó la acusado, quien añadió que en ese momento otro vehículo se paró, bajando otro individuo del coche.
Según la acusada, el hombre que salió del coche le espetó a su compinche: "es que no puedes con ese hijo de puta"."Comenzó un forcejeo entre todos. Agarraron a mi marido de los pelos y lograron introducirle en el coche, pero yo tiré y lo evite. El arma del policía se cayó al suelo. La cogí y empecé a disparar. No sabía lo que hacía ni a quién disparaba", narró.
Por su parte, los acusados del intento de secuestro negaron su participación en los hechos, esgrimiendo diferentes coartadas. Sin embargo, los posicionamientos de sus teléfonos, que fueron facilitados por una testigo protegido, les sitúan en el lugar y hora de los hechos.
El inspector jefe del Grupo V de Homicidios, que se encargó de la investigación, explicó a la Sala que se solicitó un informe sobre el listado de llamadas de los móviles de los acusados en las que se acredita que al fallecido se le encargó el secuestro del marido de la acusada por una deuda contraída.
Además, el agente indicó que las intervenciones de las comunicaciones que se autorizaron en los días siguientes implican a los tres procesados en los hechos juzgados.
RELATO DEL FISCAL
Según el fiscal, los tres acusados se concertaron previamente para llevar a cabo el secuestro de Jesús G.C. con motivo de una deuda contraía con una persona no identificada.
Así, a las 19.45 horas del 5 de enero de 2005 se situaron en la calle Minerva con la calle de la Torre de Vicálvaro para realizar labores de vigilancia hasta proceder a interceptar el vehículo en el que viajaba Jesús y su esposa, María Reyes E.L..
Otro policía, José Manuel Á.P., que les acompañaba paró el coche objetivo del grupo y solicitó a Jesús que le entregara la documentación del vehículo. Acto seguido, uno de los acusados salió del coche e inició un forcejeo con Jesús con la finalidad de introducirlo por la fuerza en el vehículo.
LEGÍTIMA DEFENSA
Su esposa se apeó del coche y logró arrebatar el arma reglamentaria al policía cuando se le cayó al suelo, disparando tres tiros contra José Manuel. Los acusados huyeron dejando el cadáver del agente.
Desde que se inició la investigación, el abogado de la acusada ha defendido que su clienta actuó en legítima defensa para evitar el secuestro de su marido.
En concepto de responsabilidad civil, la acusada deberá indemnizar con 120.000 euros a la esposa e hijos del fallecido, mientras que José A.A. y Alberto A.V. con 6.400 euros a Jesús G.C. por las lesiones y secuelas ocasionadas durante el forcejeo.
