MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, pactaron hoy con los representantes sindicales de los funcionarios en huelga de la Justicia madrileña desbloquear la Mesa Sectorial para perfilar un nuevo acuerdo que se adecue a las reivindicaciones de incremento de personal que demandan los trabajadores.
En la quinta jornada de huelga, alrededor de 500 huelguistas se apostaron esta mañana a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a sabiendas de que Aguirre acudiría a la toma de posesión de la nueva presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid, Ana Ferrer. Los manifestantes tenían previsto marchar desde el Paseo de Recoletos hasta la sede del PP nacional de la calle Génova, pero al conocer el plan de Aguirre modificaron su previsión inicial.
A su llegada, Aguirre y Granados fueron abucheados y pitados por una marea de funcionarios, al grito de "Granados dimisión". La protesta se producía horas después de que se finalizara el encierro secundado por los delegados sindicales en la sede de la Dirección General de Justicia en protesta por la ruptura de las negociaciones por parte de la Comunidad.
Debido al revuelo, la jefa del Ejecutivo madrileño propuso a los portavoces de los sindicatos CC.OO, STAJ, UGT y CSI-CISF mantener un encuentro para rebajar la tensión creada entre las partes en conflicto. La reunión tuvo lugar en el despacho del presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira. Por primera vez, Aguirre y Granados se sentaron a dialogar con los representantes sindicales para poner fin a la huelga.
El paro iniciado el pasado 16 de febrero ha obligado a la suspensión de un total de 10.000 actuaciones judiciales. La quinta jornada de huelga fue respaldado por un 81,62 por ciento de los funcionarios, según CC.OO.
"PIDO DISCULPAS"
Al término de la reunión, el consejero informó a los periodistas del desbloqueo de las conversaciones, que se retomarán el próximo lunes con su presencia, una situación que hasta ahora no se había producido. Granados reconoció que el Gobierno regional ha incumplido el acuerdo debido a la crisis económica y emplazó a los sindicatos a que sean "comprensivos" con la situación actual. "Pido disculpas y que entiendan la situación que vivimos por la crisis económica", recalcó.
Recordó que el acuerdo firmado el 11 de diciembre de 2007 incluía el pago de "una serie de complementos a lo largo de los próximos años". "El pasado año, se pagó 130 euros al mes a cada funcionario. Este año no podemos incrementar esos 130 euros", subrayó el consejero, quien precisó que a ello habría que sumar "el 2 por ciento del incremento presupuestario que no cobran el resto de los funcionarios".
"Estamos dispuestos a cumplir el periodo previsto con un año más, en vez de 2011 hasta 2012, y modificar el calendario. No podemos afrontar incrementos de los gastos de personal en 2009", insistió.
La coordinadora de la sección de Justicia de CC.OO., Felicidad López, apuntó a Europa Press que el plan de movilizaciones seguirá adelante hasta que el posible acuerdo que se fije se materialice en hechos concretos.
"Entendemos que el acuerdo firmado en 2007 es complicado aplicarlo, pero queremos que el nuevo convenio compense el incumplimiento", recalcó. Además, insistió en que trasladaron a Aguirre que es "esencial" que se incremente la plantilla en los Juzgados de lo Penal y en el Registro Civil de la calle Pradillo.
Esta mañana, los delegados sindicales decidieron levantar el encierro que mantenían desde el pasado miércoles. Los representantes sindicales encerrados se mantenían en la Mesa Sectorial a la espera de que el consejero respondiera a la petición de negociación que "dio por rota el Director General de Justicia".