Alcalde de Coslada dice que es víctima de una "persecución política"

Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Coslada, el 'popular' Raúl López, ha asegurado que el juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia Provincial por supuestamente beneficiar al exjefe de la Policía local, Ginés Jiménez, es "una manifiesta política nefasta por parte del PSOE".

   En la vista, López ha dicho al juez que no tuvo conocimiento de un expediente disciplinario abierto contra Jiménez en 2003, cuyas sanciones no llevaron a ejecutarse, motivo de la acusación del Grupo Socialista le acusa de prevaricación y de desviación de fondos públicos.

   El primer edil cosladeño ha señalado que no sabía de los expedientes que tenía el 'sheriff de Cosalda' a la operación Bloque, en la que se le detuvo junto a otros agentes locales por una presunta trama de corrupción policial en el municipio.

   Así, ha recordado que Jiménez llevaba año y medio en su puesto cuando llegó al mando del Consistorio y que nadie le informó de que existía una sanción contra él, responsabilidad que trasladó al jefe de Gabinete de la Alcaldía.

   Por su parte, el exalcalde de Coslada, el socialista Ángel Viveros ha explicado al juez que tuvo conocimientos de la sanción no ejecutada contra Ginés en 2008, cuando la destapó un medio de comunicación a raíz de la operación Bloque y que fue entonces, "vista la gravedad de los hechos", cuando se decidieron a denunciar.

   Bajo este prisma, ha señalado que se encontraron con que la sanción de inhabilitación a Jiménez no había sido realizada y las retribuciones que debería haber dejado de cobrar no habían sido devueltan al Ayuntamiento. En concreto, se trataba de una sanción de 8 meses y 15 días de empleo y sueldo. "Cuando entramos los hechos habían prescrito", ha indicado.

   Ya en las puertas de la Audiencia, Viveros ha señalado que las declaraciones de López se contradicen con otras de octubre de 2008, "en las que reconocía haber dado instrucciones al director de Gabinete de la Alcaldía de este asunto, cuando ahora le carga de responsabilidad". De hecho, ha afirmado que éste "no tiene atribuciones" para revocar la sanción a Ginés si no se lo autoriza el primer edil.

   Por su parte, la concejal de Hacienda en 2003, María Teresa González, ha manifestado que el jefe de Gabinete de la Alcaldía tiene que despachar con el regidor y que tiene que informarle de hechos de esta magnitud, así como firmar la devolución del dinero.

   En el mismo sentido se ha manifestado el exconcejal de Desarrollo Económico de Coslada, Manuel Torreos, alegando que en un caso "tan grave" como éste, que atañía al jefe de la Policía Local, no cree que el director de Gabinete no traslade lo que ocurre al alcalde.

LOS HECHOS

   Los hechos se remontan al año 2000, cuando el Ayuntamiento de Coslada inició un expediente disciplinario contra Ginés Jiménez, que acabó con resolución sancionadora al declarársele en febrero de 2001 autor de seis faltas graves e imponérsele una sanción de suspensión de empleo y sueldo por el tiempo de 10 meses y quince días.

   El conocido como 'Sheriff de Coslada' interpuso un recurso solicitando la suspensión inmediata de las sanciones. El Juzgado de lo Contencioso número 18 desestimó en mayo de 2001 la suspensión de la ejecución de la resolución impugnada.

   En mayo de 2001, mediante resolución de la Alcaldía-Presidencia de Coslada, se procedió a ejecutar el decreto, suspendiendo de empleo y sueldo a Ginés Jiménez, que un día después solicitó al Juzgado de lo Contencioso número 18 la medida cautelar provisionalísima de suspensión del citado acto administrativo.

   Pero el 31 de mayo de 2001, el citado juzgado acordó la suspensión cautelar provisionalísima de la ejecución de las sanciones recurridas, si bien dicha suspensión fue levantada por el mismo juzgado el día 4 de junio.

   El mismo juzgado dictó sentencia el 29 de septiembre de 2001 acordando anular el decreto sancionador del Ayuntamiento de Coslada, que recurre la sentencia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. A continuación, Jiménez solicitó la ejecución provisional de la sentencia de instancia, previa prestación de fianza mediante aval bancario de 24.040 euros.

   Así, con fecha 20 de febrero de 2002, el juzgado requirió al Ayuntamiento para que abonara a Ginés Jiménez los salarios dejados de percibir y se realizasen las actuaciones oportunas ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

   El 26 de junio de 2002, la Sección Sexta de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó en parte el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Coslada, declarando que la sanción final sea de 8 meses y quince días de suspensión de empleo y sueldo.

   El Ayuntamiento de Coslada solicita la ejecución de la sentencia convocándose a las partes para dilucidar la cuestión planteada en la pieza separada de ejecución, comparecencia en la que el letrado del Ayuntamiento de Coslada solicita la suspensión para presentar un escrito.

   Mediante escrito del director de Gabinete de la Alcaldía y Coordinación de los Servicios del Ayuntamiento de Coslada, siguiendo instrucciones de la Alcaldía, se instó al letrado del Ayuntamiento de Coslada para desistir de la ejecución judicial de la sentencia y se interesa solicitar al Juzgado la devolución del aval constituido.

   En julio de 2003, el representante legal del Ayuntamiento de Coslada presentó ante el Juzgado de lo Contencioso número 18 escrito donde interesó desistir del incidente de ejecución y comunicó al juzgado que no existe inconveniente en la devolución del aval constituido.

   Por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de fecha 31 de julio de 2003, se acordó tener al Ayuntamiento de Coslada por apartado y desistido de la pieza separada de ejecución y se declaró cancelada la garantía constituida en su día por Ginés Jiménez mediante aval bancario.

   En este estado del procedimiento administrativo, Raúl Vaquero López no procedió a dictar resolución administrativa alguna tendente a ejecutar las sanciones impuestas por Decreto de la Alcaldía de fecha 23 de febrero de 2001, confirmadas en parte por el TSJ de Madrid, impidiendo de manera efectiva que las citadas sanciones se cumplieran hasta el día de hoy, lo que llegó al PSOE de la localidad a denunciar lo ocurrido.