La alcaldesa de Velilla se escuda en los técnicos municipales para desvincularse de presunta prevaricación

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Velilla de San Antonio, Antonia Alcázar, ha asegurado en el juicio por un delito de prevaricación urbanística y ambiental en que tenía "fe ciega" en los funcionarios públicos de la administración local, entre ellos los técnicos municipales, en relación a la ausencia de sanciones pese a las quejas vecinales por las molestias ocasionadas en el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio.

El juicio ha quedado hoy visto para sentencia tras los informes finales de las partes. El caso tiene su origen en las reclamaciones vecinales presentadas por residentes de varias viviendas colindantes, quienes denunciaron molestias y posibles irregularidades como excesos de horarios relacionadas con la actividad desarrollada en dicha finca.

Estas reclamaciones, centradas principalmente en el impacto sobre la convivencia y el entorno de la zona, motivaron la apertura de actuaciones por parte de las autoridades competentes para investigar los hechos y determinar si existían incumplimientos de la normativa vigente.

En el banquillo se sienta la regidora y otros tres cargos municipales del Consistorio. La fiscal ha mantenido en sus conclusiones su solicitud de tres años de prisión e inhabilitación durante doce años para empleo o cargo público relacionado con funciones urbanísticas y ambientales.

"Nadie hizo nada para dar una solución a los vecinos ni se hicieron inspecciones ni se impulsaron expedientes sancionadores. Existe por tanto una omisión de sus funciones y competencias", ha aseverado la fiscal, añadiendo que el control de la vulneración de la normativa medioambiental es exigible a los funcionarios públicos. Las defensas reclaman la absolución de sus clientes al considerar que los delitos no están probados.

En su informe, la fiscal ha dado por acreditado que los acusados habrían omitido entre 2019 y 2015 actuaciones frente a numerosas denuncias vecinales por ruidos y molestias derivados de bodas y eventos celebrados en el local.

NO PODÍA PRESIONAR

Durante su interrogatorio, la alcaldesa ha detallado que tuvo conocimiento de las quejas vecinales durante el pleno de septiembre de 2023, cuando los propios vecinos acudieron a exponer la situación.

Tras ello, ha recalcado que los responsables políticos confían en el trabajo de los funcionarios públicos y que ella tiene "fe ciega en la administración". Según ha explicado, los asuntos que llegan al Ayuntamiento son tramitados por los técnicos y departamentos competentes, por lo que no toda la información alcanza directamente a la Alcaldía.

Así, sostiene que no podía ejercer presiones sobre los funcionarios ni intervenir en competencias técnicas que no le correspondían, subrayando que la Policía Local no le informaba de manera directa sobre su actividad diaria.

A su juicio, el asunto constituía principalmente "un problema de convivencia entre la finca y los vecinos", motivo por el cual se intentó organizar una reunión entre ambas partes y el Ayuntamiento para tratar de alcanzar una solución, aunque, según dijo, los vecinos no aceptaron participar.

Preguntada por la fiscal acerca de si consideraba un mero problema de convivencia el hecho de carecer de licencia o incumplir las condiciones de la misma, ha replicado que las cuestiones relativas a licencias correspondían exclusivamente a los técnicos municipales, insistiendo en que ella no era especialista en materias de medio ambiente ni urbanismo.

Ante la cuestión de la Fiscalía sobre si ejerció la potestad sancionadora, ha reseñado que su intención era resolver el conflicto y que necesitaba que los técnicos municipales emitieran los informes correspondientes antes de adoptar cualquier medida.

El abogado de los vecinos ha preguntado a Alcazar por qué no hay sanción si había expedientes sancionadores abiertos, respondiendo ésta que eso hay que preguntárselo a los técnicos municipales. "Yo no les puedo obligar", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que el Ayuntamiento no disponía de sonómetro y que era necesario formar tanto a la plantilla municipal como a los técnicos para poder realizar mediciones acústicas adecuadas.

SITUACIÓN "INSOPORTABLE"

Durante la sesión, han declarado además los vecinos que denunciaron los excesos de ruidos y horarios permitidos en la finca. Uno de ellos ha relatado durante el juicio la situación de "desprotección total" que, según afirma, sufrieron los residentes de cuatro viviendas colindantes durante cerca de dos décadas a causa de los ruidos y molestias procedentes del restaurante.

El testigo ha asegurado que incluso durante el confinamiento este lugar celebraba boda. Así, ha narrado que llegó a plantearse abandonar su vivienda porque "no se podía estar" por el ruido constante, calificando el perjuicio sufrido durante casi veinte años como "más que razonable".

Además, ha señalado que no entendía por qué no se adoptaban medidas cuando otros establecimientos sí habían sido clausurados por situaciones similares. Según ha explicado, trasladó personalmente a la alcaldesa las más de cien denuncias acumuladas, aunque, afirma, la respuesta municipal fue que "estas cosas van despacio", sin que llegaran soluciones efectivas.

El vecino sostiene que durante diecisiete años se sucedieron las quejas sin resultados y criticó que, ya en enero de 2025, la única propuesta planteada en una reunión con técnicos municipales fuera la instalación de pantallas acústicas, una medida que consideró insuficiente e "insultante" tras tantos años de conflicto vecinal.

Otra de las vecinas ha contado que la situación era "una pesadilla", por lo que acudió al Ayuntamiento para solicitar la licencia. Para su sorpresa, la licencia era solo para restaurante.