Alertadores de corrupción apoyarán mañana a un despedido tras denunciar supuestas irregularidades en una empresa pública

Denunciantes de corrupción en España
ADUCO
Publicado 07/11/2018 15:44:56CET

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Denunciantes de corrupción apoyarán mañana en los Juzgados a Juanjo Romero, un trabajador que fue despedido por "negarse a participar en el encubrimiento y denunciar una serie de irregularidades descubiertas en su puesto de trabajo en el sector público (Aena) como personal laboral cedido por Ineco".

Este jueves a las 10.50 horas en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid se celebrará una vista pública para determinar si se ha ejecutado correctamente (se produjo la readmisión en su puesto de trabajo) de una sentencia condenatoria (la segunda) contra dicha empresa pública.

Una de estas supuestas irregularidades, según explican los denunciantes, fue calificada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como un ilícito penal, pero lo que primero se consideraba delito por el fiscal luego se modificó posteriormente y se definió como 'irregularidad administrativa', "dejándose prescribir las responsabilidades oportunas dadas las conexiones de estas irregularidades con relevantes cargos de la Administración y de la gestión aeroportuaria española".

"Se dejó completamente abandonado y a su suerte a quien aportó diversas pruebas adicionales de lo que el Ministerio Fiscal había mantenido como delito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia y en contra del criterio del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3 y a quien le fueron dirigidos varios escritos de este trabajador represaliado en los que se le informaba que intencionadamente se le habían ocultado al magistrado información y documentación relevante para el devenir de la instrucción del procedimiento", han añadido en un comunicado.

"Una de las maniobras más habituales de la Administración y empresas públicas --utilizando por supuesto dinero público para contratar despachos de abogados de primera línea-- es ahogar la voz de los denunciantes de corrupción y ejemplificar a quien tenga intención de hacer lo mismo en el futuro. De este modo, se les obliga a acudir a interminables y costosos procesos judiciales que son dilatados en el tiempo buscando el agotamiento físico y psicológico, así como su asfixia económica", han proseguido los también llamados 'whistleblowers'.

EJECUCIÓN DE SENTENCIA

En este caso, por el que mañana acude de nuevo a los Juzgados, Juanjo Romero acusa a su empresa de despedirle de forma inmediata cada vez que se intenta ejecutar la sentencia condenatoria del despido precedente (condenas confirmadas por el Tribunal Supremo), "acumulando 9 años de litigios con despidos concatenados que se van solapando y generando graves daños en múltiples esferas".

Así, recuerdan que según el artículo 124 de la Constitución española, el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante ellos la satisfacción del interés social".

Según han criticado los denunciantes de corrupción, el Ministerio Fiscal, que es parte de los procedimientos por despido en los que se alega vulneración de derechos fundamentales, "no suele presentarse a este tipo de juicios, dejando al denunciante de corrupción que ha sido represaliado en un evidente desequilibrio frente a la parte contraria que utiliza todo su arsenal económico (procedente de fondos públicos) para aplastar a quien ha obrado conforme a la legalidad".

Por todo ello, el colectivo de Alertadores y Denunciantes contra la Corrupción (ADUCO) y una veintena de denunciantes de corrupción --entre los que se encuentran Ana Garrido, Arantxa Mejías, Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta y Roberto Macías-- han manifestado su compromiso con Romero, al que apoyarán mañana presencialmente, y han exigido a los poderes públicos que "promuevan las condiciones para que se restituyan los derechos de los denunciantes de corrupción y se reparen todos los daños causados".