Aprobada la ley de vivienda que busca aumentar edificabilidad e impulsar pisos protegidos en la región

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Vivienda de la Comunidad ha sido aprobado este jueves en la Asamblea con críticas la oposición que cuestionan que el texto aborde siquiera el problema que busca atajar.

La Asamblea ha dado el visto bueno al dictamen de la Comisión de Vivienda, Transportes e Infraestructuras aprobando definitivamente el texto con el 'sí' de la mayoría absoluta 'popular', la abstención de Vox y el rechazo de la izquierda.

La nueva ley introduce instrumentos urbanísticos extraordinarios orientados a movilizar suelo, acelerar proyectos y reducir obstáculos administrativos que hasta ahora ralentizaban el desarrollo de nuevas promociones.

Entre las principales novedades destaca la inclusión de las redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida entre las parcelas que podrán acogerse a los incrementos de edificabilidad y densidad previstos en la norma. Esta modificación permitirá aprovechar mejor los suelos públicos disponibles y reforzar significativamente la capacidad de promoción de vivienda protegida por parte de las administraciones.

AUMENTAR LA OFERTA Y CREAR MÁS VIVIENDA

Hace unas semanas, el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, defendía en la Cámara regional que la iniciativa busca "aumentar la oferta" y crear "más vivienda, especialmente protegida, como única vía eficaz para moderar los precios y garantizar el acceso".

Para defender su idoneidad este jueves ha tomado la palabra Paula de las Heras, quien ha preguntado a la oposición qué prefiere si oficinas vacías o viviendas, solares abandonados y hogares o parcelas sin uso o proyectos de vida.

Ha hecho hincapié en que es necesario "construir y movilizar" y que por ello desde hace años se están impulsando planes de choque y programas y ha sacado pecho de que la mitad de la vivienda protegida se construye en Madrid.

"Esta ley, la futura ley LIDER, el acelerador urbanística, el nuevo reglamento de vivienda protegida que ya copia Vox, son exactamente lo que debería hacer cualquier administración responsable", ha destacado la 'popular', quien ha afirmado que los cambios normativos para el "Madrid de hoy" pasan por agilizar trámites, aumentar la densidad y coordinar el urbanismo con la "estabilidad energética".

Durante el debate parlamentario, la diputada de Vox Beatriz Tejero ha criticado que esta ley "no soluciona el problema" porque "no construye ni una sola vivienda pública en la región. Ha criticado, además, que no se atienda al aumento poblacional en la región procedente "de los flujos migratorios".

Ha advertido de que esta nueva ley favorece el 'coliving', que "no es una vivienda, no tiene un precio máximo ni un régimen de adjudicación protegida". Tampoco genera derecho al empadronamiento y no computa para el parque público.

PSOE DICE QUE BUSCA "EL MÁXIMO BENEFICIO" ECONÓMICO

Por el PSOE ha tomado la palabra el diputado Javier Guardiola para quien esta ley no tiene como objetivo "garantizar que la gente pueda tener acceso a una vivienda asequible" porque lo que busca es que los promotores puedan tener "el máximo beneficio en sus proyectos urbanísticos". "El PP ha metido en una ley de vivienda protegida algo que por su propia definición no puede ser vivienda protegida", ha afeado a los 'populares'.

"Se prima los beneficios del promotor y no se tiene en cuenta la cohesión social y la vivienda que está siendo considerada como un elemento de generación de desigualdad", ha planteado el parlamentario, al tiempo que ha reprochado que se aumente la edificabilidad en zonas urbanas ya consolidadas pero no se haga planificación de cómo puede afectar a los servicios públicos.

Desde Más Madrid Jorge Moruno ha afirmado que las políticas de la Comunidad han situado a Madrid por debajo de la media española en viviendas protegidas por cada 1.000 habitantes y ha acusado al PP de insistir en "deshacerse de la vivienda protegida" y transformarla en vivienda de mercado para así "seguir alimentando la espiral de los precios".

Ha criticado, además, que esta nueva reforma, "que no va a servir para nada", busquen que los promotores sean "quienes lideren la provisión de infraestructuras y dotaciones". "Si ya era un desastre los nuevos desarrollos, lo que hacían, ahora directamente ustedes se quitan toda la responsabilidad", ha reprochado.

LA LEY DE MEDIDAS URGENTES

La nueva ley introduce instrumentos urbanísticos extraordinarios orientados a movilizar suelo, acelerar proyectos y reducir obstáculos administrativos que hasta ahora ralentizaban el desarrollo de nuevas promociones.

Entre las principales novedades destaca la inclusión de las redes públicas sin edificar destinadas a vivienda protegida entre las parcelas que podrán acogerse a los incrementos de edificabilidad y densidad previstos en la norma. Esta modificación permitirá aprovechar mejor los suelos públicos disponibles y reforzar significativamente la capacidad de promoción de vivienda protegida por parte de las administraciones.

La ley también incorpora una nueva habilitación para que los ayuntamientos puedan autorizar, de forma temporal y sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, modalidades de alojamiento temporal en parcelas vacantes de uso industrial situadas en ámbitos urbanos consolidados.

Esta medida permitirá recuperar viviendas actualmente destinadas a usos temporales, atender nuevas necesidades vinculadas a la movilidad laboral y dar salida a suelos infrautilizados mediante soluciones residenciales compatibles con el entorno urbano.

Asimismo, la norma introduce medidas de simplificación y agilización administrativa mediante la aplicación del silencio positivo en la emisión de informes sectoriales. En concreto, se modifica la normativa vigente para que, si los informes preceptivos no son emitidos en un plazo máximo de tres meses, el planeamiento urbanístico pueda continuar su tramitación.

Con ello se pretende evitar bloqueos administrativos, reducir tiempos de espera y ofrecer mayor seguridad jurídica al desarrollo de nuevos proyectos residenciales.