MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha las labores de auditoría de la deuda municipal sobre el gasto financiero que asume la corporación y cuyos resultados serán sometidos a mecanismos de participación ciudadana para determinar qué conceptos son "legítimos" o "ilegítimos", lo que influirá en la futura acción de Gobierno municipal.
Así lo ha explicado el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Municipal para avanzar el inicio de uno de los principales compromisos del programa de Ahora Madrid.
Sánchez Mato ha explicado que esta labor corresponderá a la recién creada subdirección general de Auditoría de la Audiencia de Deuda y Políticas Públicas y habrá también colaboraciones "puntuales" de expertos e instituciones académicas, de cara a completar de forma externa el grueso del trabajo que realizarán el personal municipal.
El responsable de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha dicho que esta auditoría será una herramienta para analizar la gestión de los servicios y su impacto en las políticas públicas, para luego ofrecer la información técnica y conclusiones al ciudadano para que se pronuncie sobre dicho gasto público.
Uno de sus objetivos es el análisis del gasto y los costes financieros del Ayuntamiento de Madrid, incluyendo la contratación que realiza el Consistorio, para determinar aspectos "más allá" de la labor de la Intervención Municipal. En este punto, el delegado de Hacienda ha explicado que se mostrará no sólo lo que puede ser "ilegal" sino también lo "ilegítimo".
En este punto, Sánchez Mato ha indicado que los mecanismos de participación para realizar la consulta de las conclusiones de la auditoría aún no están concretados, aunque se ha referido a las Juntas de Distrito como uno de los cauces donde se fomente la participación de los madrileños.
A su vez, ha asegurado que el proceso de participación será "vinculante" y que será la gente la que tenga que decir, por ejemplo si quiere que el Ayuntamiento tenga "edificios alquilados con enormes precios". "Eso lo someteremos a política pública a través de la auditoría", ha insistido.
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