Hemiciclo durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press
MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid aprueba este jueves con la mayoría absoluta del PP la Ley de Abogacía de la Comunidad de Madrid en un Pleno en el que volverá a comparecer la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, sobre la huelga de los docentes.
Concretamente llega al hemiciclo el dictamen de la Comisión de Presidencia, Justicia y Administración Local sobre la Ley de Abogacía, que busca modernizar la organización y el funcionamiento de los servicios jurídicos autonómicos. Entre sus principales novedades, establece que el Abogado General deberá pertenecer al Cuerpo de Letrados regional y acreditar, al menos diez, años de experiencia profesional.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, defendió en Pleno que se quiere conseguir una mejora ordenación de la estructura de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y diferenciando entre el asesoramiento jurídico y los litigios.
En cambio desde la izquierda se ha criticado la iniciativa. Concretamente Más Madrid considera que busca "institucionalizar y legalizar la apropiación privada de lo público" al entender que se está poniendo "al servicio de quien manda" la Abogacía de la Comunidad de Madrid, un "bufete de abogados pagado por todos para su defensa personal". El PSOE, por su parte, afirmó que la norma "aporta poco a la región" al tiempo que tiene como objetivo "continuar el control que hace (la Comunidad) sobre la Abogacía General".
COMPARECENCIA DE EDUCACIÓN
En este Pleno volverá a comparecer por la huelga educativa la consejera del ramo, después de que ya abordara este tema en la sesión del 15 de octubre, cuando llevaban dos jornadas de paros.
Entonces ya advertía de que no tomaría medidas adicionales para acabar con una "huelga política y revolucionaria" en Educación y avisaba de que no les "amedrentan" las camisetas de colores --en alusión al verde de los huelguistas--.
Esta posición no ha variado tres semanas más tarde y Zarzalejo reiteraba este martes que no puede "adoptar ningún acuerdo" con el comité de huelga que suponga "la quiebra del sistema educativo madrileño". "Yo no sé si estas plataformas y sindicatos convocantes se han parado a valorar económicamente lo que suponen sus reivindicaciones", sostenía entonces insistiendo en que las reivindicaciones son "totalmente inasumibles".
Concretamente reclaman reducir el horario lectivo a 17 periodos semanales en Secundaria y FP y a 22 en Primaria, bajar las ratios y reforzar el personal de orientación y atención a la diversidad. También piden medidas contra la segregación, recuperar las aulas de enlace y eliminar el actual modelo de bilingüismo.
Exigen una subida salarial de 600 euros mensuales, la equiparación retributiva y un complemento de peligrosidad en Educación Especial. Asimismo, solicitan un auxiliar administrativo a tiempo completo por centro, un plan de climatización sostenible, la retirada del amianto, el fin de la construcción por fases y mejoras en prevención de riesgos laborales.
A esta huelga educativa, que se sumó a las educadoras infantiles de 0 a 3 años que hacen paros desde abril, se le ha solapado la universitaria este miércoles y jueves contra la "asfixia" financiera.
En la anterior comparecencia, la oposición en bloque respaldó las demandas de los docentes de la pública, aunque Vox considera que no debería ser "un comité de huelga" quien redacte las políticas educativas en la región.
Desde la izquierda (Más Madrid y PSOE) se ha afeado en reiteradas ocasiones la actitud de la consejera de Educación al entender que opta por el "insulto" y el "desprecio" contra los huelguistas.
MINUTOS DE SILENCIO
La ley y la comparecencia llegarán a media mañana de un pleno que arrancará con dos minutos de silencio: uno por la mujer asesinada el 20 de octubre en Carabanchel en un caso de violencia de género y otro por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) en la línea de Alta Velocidad Sevilla-Madrid.
Luego será el turno de la sesión de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que Vox se interesará por la mejora del transporte público, PSOE por las universidades públicas, Más Madrid por la huelga general del 11N y PP sobre la Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid.
Tras ello, en el control a los consejeros se tratarán temas como los Presupuestos para 2027, las adicciones digitales, las listas de espera sanitaria, la atención al ELA o las políticas de apoyo a la danza.
A continuación llegará el momento de la Ley de Abogacía, seguida por Zarzalejo, que dará paso a la otra comparecencia del Pleno: la de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, a petición de Vox sobre el impacto en el tejido productivo madrileño sel estado de la Red Eléctrica.
Desde hace años la Comunidad de Madrid ha cargado contra el Gobierno central acusándole de poner en riesgo "importantes proyectos industriales" porque no recibiría nuevas inversiones del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026. Ayuso acusó en enero de 2024 al Ejecutivo de querer dejar a la región "sin energía".
Por contra el 26 de octubre el Gobierno central acoraba duplicar la capacidad eléctrica proyectada para la Comunidad de Madrid con un incremento de 6,5 gigavatios (GW) de nueva capacidad --situándola como la segunda CCAA que más potencia adicional recibe tras Aragón--.
La Comunidad celebraba, además, que en la nueva planificación del Ministerio para la Transición Ecológica se contemplasen los nuevos desarrollos urbanísticos de Valdecarros, Los Ahijones y Los Berrocales.
VIVIENDA, HUELGA Y LISTAS DE ESPERA, EN LAS PNL
En el turno de las Proposiciones No de Ley, el PSOE defenderá dos. En la primera, reclamará aplicar en la región el real decreto-ley estatal de protección de la función social de la vivienda y reservar partidas específicas en los Presupuestos de 2027 para ampliar el parque público, financiar ayudas al alquiler y prevenir desahucios.
En la segunda, los socialistas pedirán registrar las solicitudes de atención sanitaria desde su indicación médica y fijar un máximo de cinco días laborables para asignar fecha de cita, así como medir la espera de todo el proceso asistencial. La iniciativa plantea evitar que quienes rechacen una derivación a otro centro queden fuera de la lista de espera estructural, reforzar los servicios con un empeoramiento sostenido de sus indicadores, garantizar que los pacientes puedan consultar su situación y realizar auditorías anuales de los registros.
Más Madrid, por su parte, reclamará garantizar el derecho de huelga en la Administración autonómica y su sector público con servicios mínimos proporcionados y negociados con los sindicatos, además de impulsar la renovación de los convenios bloqueados con subidas salariales de entre el 4% y el 7%, cláusulas de revisión y medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También pedirá instar al Gobierno central a negociar una nueva subida del salario mínimo interprofesional que permita recuperar poder adquisitivo.
