Publicado 26/08/2021 19:10CET

Asociación Pladigmare pide abrir expediente a una residencia que expulsó a una usuaria por "problemas de convivencia"

Archivo - EImagen de la entrada de la residencia ‘Los Nogales’ situada en el número 12 de la calle Alcobendas (en el distrito madrileño de Hortaleza)
Archivo - EImagen de la entrada de la residencia ‘Los Nogales’ situada en el número 12 de la calle Alcobendas (en el distrito madrileño de Hortaleza) - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores (Pladigmare) ha pedido que se abra un expediente contra el director de una residencia que expulsó del centro indefinidamente a una usuaria por "problemas de convivencia" porque consideran que no fue correcto y no se le garantizó un alojamiento alternativo.

Según detalla la asociación en un comunicado, la residencia Los Nogales de Hortaleza puso el viernes "de patitas en la calle" a Pilar, de 69 años, una residente a la que ha rescindido el contrato unilateralmente "sin ningún tipo de resolución judicial y sin tener en cuenta las reiteradas negativas a esa rescisión por parte de la residente, que no está incapacitada judicialmente".

La residente fue desalojada del centro con la ayuda de la Policía y acabó sentada en un banco cercano, al que luego acudieron personal del Samur Social, avisados por el centro. Los trabajadores sociales la enviaron al Hospital Ramón y Cajal debido al excesivo calor que hacía en la calle.

Según ha publicado hoy el diario 'El País', la mujer ha encontrado cobijo en un geriátrico de Galapagar tras ser rechazada en 15 centros, muchos por sus antecedentes problemáticos y otros por haberse negado a ponerse la vacuna contra el coronavirus.

INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA

La familia y Pladigmare intentaron sin éxito que no llegara el momento de la expulsión. El día 30 de julio el geriátrico le comunicó a Pilar la rescisión, indicándole que el 14 de agosto tenía que abandonar el centro, situado en la calle Alcobendas de Madrid.

Pladigmare ese día 30 formuló denuncia de este caso ante la Subdirección General de Inspección, responsable de las inspecciones de las residencias de la región. "Tres días después nos contestó desentendiéndose del problema, sin ni siquiera haber leído la carta en la que conminaban a la residente a marcharse el 14 de agosto. El nuevo contenido de la respuesta, después de haber accedido a la carta, no varió ni un ápice de aquella contestación. Todos estos hechos son indicativos de la situación en la que se encuentran los residentes en las residencias: desamparados", señalan los denunciantes.

La entidad también acudió a la Fiscalía de Madrid, que finalmente archivó las diligencias indicando que el caso no atentaba contra la ley madrileña. "Nos encontramos ante la rescisión unilateral del contrato que unía a ambas partes, usuaria y residencia, por los motivos y dentro de los plazos previstos en el clausulado de dicho contrato y las normas de régimen interno del centro", esgrime la fiscal, que añade que Pilar cuenta con apoyo familiar, por lo que no quedaría desamparada.

CONTRAVENÍA EL CONTRATO Y EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO

Por su parte, fuentes del geriátrico han explicado a Europa Press que llevaban tiempo lidiando con los "graves problemas de conducta y convivencia" de la usuaria con sus compañeros y empleados de centro, que contravenían tanto las cláusulas de su contrato de estancia como el reglamento de régimen interno.

"El centro intentó solventar con ella los problemas que generaba desde hacía meses; y con su familia, pero no nos dieron alternativa. Cuando se lleva a cabo una rescisión de contrato es porque se han agotado todas las vías", aseguran desde Los Nogales Hortaleza, que también destacan el respaldo de la Fiscalía.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Políticas Sociales han explicado a Europa Press que Pilar ocupaba una plaza en una residencia privada y la misma no estaba concertada con la Comunidad, por lo que se trata de una relación contractual privada y en este caso la Administración regional no interviene.

Asimismo, señalan que Pilar tiene grado dos de dependencia y la Comunidad le concede una ayuda económica (prestación vinculada al servicio), por lo que la Consejería "seguirá dando la ayuda pero tendrá que buscar otro centro".

PIDEN EL CESE DEL RESPONSABLE REGIONAL DE INSPECCIONES

Pese a ello, Pladigmare pide el cese del subdirector general de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones de la Comunidad de Madrid por "contestar desentendiéndose del problema y después pedir información para dar una adecuada respuesta a su escrito".

La asociación también se pregunta cómo es posible echar a una residente con agorafobia porque "no son capaces de abordar los problemas que les pueda ocasionar en la residencia o porque les resulta molesta" y por qué la Comunidad de Madrid "se desentiende de lo que pasa en una residencia alegando que es privada y a pesar de lo que establece en sus propias leyes (Ley 11/2002)".

Precisamente indican que según el artículo 14 de dicha ley, el derecho a permanecer en una plaza residencial solo se puede limitar mediante resolución administrativa o judicial. E indican que los residentes tienen derecho a tener un órgano de representación, el Consejo de Usuarios, "del que no se tienen noticias".

"Las rescisiones unilaterales de contratos pueden ser aprovechadas para quitarse de encima a todas las personas mayores que resulten molestas por sus patologías o por sus reclamaciones. No se puede desentender de los problemas de las personas mayores y endosarlos únicamente a las familias afectadas, de la misma manera que no se desentiende de los problemas con los menores, ni los considera un problema exclusivo de las familias. Los menores, por lo que pueden aportar en el futuro a la sociedad. Los mayores, por lo que ya aportaron y todavía pueden seguir aportando", concluyen desde Pladigmare.