MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Madrid juzga este jueves a una acusada de estafar a dos hermanas ancianas, llegándose a apoderar de más de 200.000 euros y de las viviendas de las afectadas, muriendo una de ellas en un incendio declarado en uno de los inmuebles.
Ana F.G. se sentará en el banquillo de los acusados por un delito continuado de estafa y otro contra la integridad moral. La Fiscalía de Madrid pide una pena de siete años de prisión.
En el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal relata que la acusada fue contratada como empleada interna del hogar el día 1 de julio de 2005 por dos hermanas nacidas en 1923 y 1922.
Además, se daba la circunstancia de que una de ellas se encontraba afectada de una enfermedad degenerativa medular que le impedía la movilidad, por lo que se encontraba postrada en una cama. Las víctimas vivían en una casa de renta antigua de la calle Goya y por cuyo alquiler pagaban 500 euros mensuales.
Las dos ancianas disponían de una holgada situación económica, disponiendo de varias cuentas bancarias en diferentes entidades, así como diferentes fondos de inversión. Además, tenían contratada una caja de seguridad en la que guardaban joyas y otros efectos de alto valor.
En conjunto, entre las cuentas, las joyas y los fondos, las dos mujeres disponían de una cantidad de 242.731,17 euros cuando la procesada empezó a prestarles sus servicios.
Ana F.G. inició una estrategia para ganarse la confianza de las dos ancianas, haciéndose imprescindible para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de las mismas, para después comenzar a entorpecer la relación que ambas tenían con su familia. Paralelamente, comenzó a acompañar a una de las hermanas a las entidades bancarias en las que ella misma empezó a realizar operaciones.
La procesada logró interesadamente que las dos mujeres abandonaran el domicilio en que habían vivido durante años a cambio de 36.000 euros en concepto de indemnización.
Con fecha de 1 de julio de 2006, una de las ancianas suscribió un nuevo contrato de alquiler de una vivienda situada muy próxima a la anterior, pero cuya cuota de arrendamiento ascendía a 1.500 euros. Al nuevo domicilio se trasladaron las dos hermanas, la procesada y sus dos hijos.
Al transcurrir del tiempo, se fue produciendo un paulatino empeoramiento de la vida de las ancianas y el servicio de la procesada y su hija, quien también había sido contratada por las mujeres, empezó a ser deficiente. De tal manera que tanto la vivienda, como las propias mujeres, adolecían de la correcta limpieza.
Poco después, Ana logró convencer de nuevo a las hermanas para que se trasladaran a una nueva vivienda que les hizo creer, bajo engaño, que era de su propiedad. El nuevo domicilio tenía tan sólo 60 metros cuadrados y carecía de calefacción y las comodidades y condiciones de habitabilidad y salubridad de las anteriores casas. La procesada eligió esa vivienda en la calle Adanero ya que su compañero sentimental vivía en las proximidades.
La procesada controlaba de manera íntegra la vida de las perjudicadas, llegando una de ellas a autorizarla en una de la cuentas bancarias. Así se produjo un importante número de operaciones de retirada de fondos que iban a parar en metálico a la procesada.
Además, llegó a convencerlas de que las hermanas recibieran ingresos de diversos familiares mediante transferencias internacionales. Haciendo uso de estas artimañas, Ana llegó a apoderarse de, por lo menos, 239.754,53 euros, todo ello al margen de los salarios recibidos, así como del destino final de los muebles y las joyas de las ancianas, cuyo paradero se desconoce.
El día 28 de noviembre de 2009 se produjo un incendio en la citada vivienda, falleciendo como consecuencia una de las ancianas. La acusada se encuentra privada de libertad por la presente causa desde el día 26 de julio de 2010.
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