av2" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez instructor del 'caso Guateque' que dicte un nuevo auto de imputación al anular la resolución en la que se procesaba a un total de 34 personas, entre ellos varios técnicos municipales del Ayuntamiento de Madrid.
De este modo, los magistrados estiman los recursos de apelación interpuestos por veintinueve imputados, con lo que ordena al juez que redacte un nuevo auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado que contenga una relación de los hechos que se atribuyen a cada uno de los imputados.
Este caso se remonta al 14 de noviembre de 2007 cuando se produjo la detención de dieciséis personas por orden del juez Santiago Torres, al frente entonces del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid. El juez investigaba una presunta trama de licencias exprés dentro del Ayuntamiento de Madrid.
Seis años después, el juez que sustituyó a Torres dictó varios autos que daban por cerrada la investigación. En dos de las resoluciones dictadas, el instructor concreta los delitos imputados a los 34 procesados y, en otra, levantaba la acusación sobre 45 personas.
En un auto, al que tuvo acceso Europa Press, la Sección Sexta estima que los hechos se calificaron genéricamente como constitutivos de los delitos de cohecho, prevaricación, contra el patrimonio histórico, falsedad documental e infidelidad en la custodia de documentos.
La Sala acuerda así la nulidad del auto de fecha de 3 de julio de 2013 que decretaba la continuación de las presentes diligencias previas por el trámite de procedimiento abreviado y en consecuencia los autos de 27 de noviembre de 2013 que resolvieron los recursos de reforma interpuestos contra el primero.
Como recuerdan los magistrados, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, tras la reforma operada por la ley 38/2002, de 24 de octubre, exige que el auto de transformación contenga la imputación objetiva y subjetiva, lo que se traduce en la necesidad de indicar el delito por el que se continúan las actuaciones y contra qué personas.
