MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Juan Bravo, ha asegurado este jueves durante la comisión ordinaria del ramo que la Comunidad de Madrid le debe al Consistorio 184,25 millones de euros en diferentes conceptos, mientras que la deuda del Estado con la administración municipal se eleva hasta los 36,1 millones de euros.
"Tanto el Estado como la Comunidad de Madrid, y a pesar del principio de lealtad institucional que debe regir entre administraciones públicas, son deudoras recurrentes de este Ayuntamiento. Lejos de mejorar, esta situación se ha agravado en los últimos años, perjudicando a las arcas municipales y a la liquidez, que es el principal problema del Ayuntamiento", ha señalado el edil.
Así, ha cifrado que la deuda ejecutiva con el Consistorio pasó de los 75,4 millones de euros a finales de 2008 (de los que 34 millones eran de la Comunidad y 41,4 millones del Estado), a los 86,6 millones a finales de 2009 (40 millones de la Comunidad y 46,6 millones del Estado), hasta alcanzar los 146,4 millones a finales del pasado ejercicio (93,7 millones de la Comunidad y 52,7 millones del Estado).
Actualizando los datos hasta el pasado día 11, Bravo concluye que la deuda ejecutiva con la capital se eleva hasta los 119,7 millones de euros, de los que 95,14 millones son del propio Gobierno regional y los otros 24,5 millones los adeuda el IVIMA, institución dependiente de la Comunidad. Por su parte, a 31 de enero el Estado adeudaba a las arcas municipales 36,1 millones.
TENDENCIA CRECIENTE
Estas cifras constatan una "tendencia creciente" en la evolución de la deuda, dado que sólo un 30 por ciento de la misma se acumuló hasta 2008, mientras que el 70 por ciento restante procede de los últimos tres ejercicios presupuestarios.
Junto a esta cantidad, el Ejecutivo autonómico adeuda además otros 64,5 millones de euros de "diversos convenios de 2010 que aún no han sido ingresados", por lo que en total el monto se eleva hasta los 184,25 millones de euros.
La mayor parte de este dinero procede de los recibos sin pagar de la Tasa por Depósito Judicial de Vehículos, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Incremento del Valor de los Terrenos, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), así como por otros tributos e ingresos de derecho público como multas de circulación, pasos de vehículos, residuos urbanos, etcétera.
"Estamos trabajando con la Comunidad, al igual que con la Administración General del Estado, en mesas de trabajo donde tratamos de conciliar posturas, nadie tiene más interés en que se zanje este tema que este Gobierno", ha concluido Bravo.
Precisamente Aguirre se ha referido este jueves al asunto, indicando que el Consistorio también tiene deudas pendientes con la Comunidad, que "se van compensando paulativamente", y también ha informado de que este mismo jueves se ha abonado 1,2 millones de euros del IBI anual de un edificio de plaza de Castilla por el que "hace solamente ocho años" se pagaban "200.000 euros".
ACOSTUMBRADOS AL CHOQUE
Sin embargo, el portavoz socialista en la comisión, Pablo García Rojo, ha indicado que estos datos "contrastan con la visión del tema que tienen el consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta, y la propia presidenta, Esperanza Aguirre".
"Ellos han llegado a afirmar que no deben ni un euro al Ayuntamiento, pero ya estamos acostumbrados a estos choques o divergencias de criterio entre las administraciones municipal y autonómica", ha apostillado.
Además, ha criticado que junto a estas deudas efectivas, el Gobierno regional también mantiene "una deuda conceptual y presupuestaria" por no haber desarrollado el Pacto Local ni haber hecho "caso alguno a las resoluciones del Pleno pidiendo destinar un 30 por ciento de sus nuevos ingresos al Fondo de Sostenimiento Local". "Las llamadas son siempre contestadas con el portazo", ha zanjado García Rojo.
Ante estas críticas, Bravo le ha recordado al socialista que "se olvida de las numerosas resoluciones del Pleno que han sido trasladadas al Ministerio de Economía y Hacienda y de las que, a fecha de hoy, no hay siquiera una carta diciendo que no procede (llevarlas a cabo)".