Ayuntamiento mantiene a inquilinos de Centro sus derechos "como arrendatarios en las condiciones de su contrato"

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid mantiene a los inquilinos de cinco promociones de viviendas de renta social de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) todos "sus derechos como arrendatarios en las condiciones de su contrato".

Desde el Consistorio han explicado a Europa Press que "se atendió" la demanda de los vecinos de los edificios Carrera de San Francisco 16, Embajadores 46, Madera 24-26, San Cayetano 8 y San Cayetano 10, quienes solicitaron comprar las viviendas que ocupan en régimen de alquiler.

A día de hoy, transcurrido el plazo para ejercer la opción a compra, ninguno de los 120 adjudicatarios ha manifestado su intención de comprarlas. "Tal y como se les ha manifestado por escrito ante su renuncia, todos los inquilinos mantienen sus derechos como arrendatarios en las condiciones de su contrato", han subrayado desde el Ayuntamiento.

Estas manifestaciones se producen después de que los vecinos afectados hayan anunciado la interposición de una querella criminal contra la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y otros responsables del departamento municipal de Vivienda por "coacción contra la integridad moral de los residentes" y por un presunto delito de estafa después de que el Consistorio "dijera que los pisos se iban a poner a la venta porque ya no había inquilinos dentro".

También han explicado que una veintena de inquilinos ya han finalizado sus contratos de alquiler con la EMVS y que han decidido seguir en sus casas depositando la mensualidad en una cuenta bancaria.

Por esto, desde el Ayuntamiento han subrayado que aquellos inquilinos cuyos contratos ya han vencido "serán citados en la EMVS para formalizar uno nuevo, de acuerdo a la Ley de Arrendamientos Urbanos, siempre que cumplan los requisitos para ocupar una vivienda protegida".

"La EMVS ha atendido a los vecinos que lo han solicitado, se ha reunido con ellos y en todos los casos ha atendido sus peticiones de información, y en último caso, la posibilidad de comprar sus viviendas", han insistido después de aseverar tajantemente que "no se ha obligado a ningún vecino a abandonar su vivienda, ni por supuesto se ha amenazado a ninguno de ellos".

Se trata de una empresa con más de 30 años de trayectoria, con un parque de vivienda social de 6.000 viviendas y "cuya actividad dista mucho de amenazar a sus adjudicatarios".