Ayuso recupera la compensación para expresidentes: 80% de retribución durante dos años y 750 euros por labor consultiva

Las retribuciones fijas se realizarán a partir de este mandato pero el resto de exmandatarios podrán sumarse al consejo asesor

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprobado un proyecto de decreto por el que pretende sacar adelante una compensación para los expresidentes autonómicos a partir de su mandato del 80% de sus retribuciones durante un tiempo máximo de 24 meses, si bien el resto podrán realizar labores consultivas y recibir una indemnización de 750 euros por participar en las comisiones.

Así a la compensación por labor consultiva eliminada por la expresidenta Cristina Cifuentes, se le suma ahora esta nueva retribución durante dos años, tal y como consta en el Estatuto de expresidentes en el que está trabajando el Gobierno regional y del cual ha arrancado su tramitación este mismo miércoles. El objetivo es "homologarse al Estado y las CCAA con el régimen aplicable a los jefes de su Ejecutivo y el resto de miembros del Consejo de Gobierno tras sus ceses".

El Portal de Transparencia autonómico tiene desde este jueves abierto el trámite de audiencia e información pública para recabar opiniones y sugerencias de ciudadanos y entidades del proyecto de Decreto del Estatuto, cuya aprobación está prevista para los próximos meses.

En el mismo, y sobre las compensaciones económicas por incompatibilidad de altos cargos tras su cese, los expresidentes recibirán una cantidad mensual por un tiempo equivalente al de su permanencia en el Gobierno. Será durante un máximo de dos años, correspondiente al 80% de sus retribuciones, una medida que ya tienen los exministros del Gobierno central y varias comunidades autónomas. Estas medidas son de aplicación a los expresidentes que cesen en el cargo tras la entrada en vigor del decreto.

Se trata de una modificación que afectará también a los exconsejeros tras la entrada del vigor del decreto. Los mismos tendrán derecho a una compensación económica mensual, de duración limitada, igual al tiempo desempeñado en el cargo, con un máximo de 24 meses, en iguales condiciones que la que perciben los Secretarios de Estado en el Gobierno Central tras el abandono del cargo, es decir, un 80% de sus retribuciones.

VOCAL EN LA COMISIÓN ASESORA

Además, de aplicación a todos los expresidentes de la Comunidad de Madrid, con independencia del momento en el que hayan ejercido el cargo con un mínimo de dos años, tendrán derecho a ser nombrados vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid.

Los exmandatarios podrán mantener la condición de vocales electivos de la Comisión Jurídica Asesora durante seis años, pudiendo ser ampliado dicho periodo inicial de forma motivada por decreto del Consejo de Gobierno si hubiesen ejercido la presidencia más de 4 años, hasta un máximo de 12 años.

Por su participación como vocales electivos no recibirán una retribución económica, pero sí recibirán una indemnización por su participación en la Comisión Jurídica Asesora y la asistencia a los plenos de en torno a 750 euros.

Esta dieta será incompatible con la compensación económica tras el cese en el cargo y con el ejercicio de cualquier actividad retribuida de carácter público.

También podrán todos los expresidentes usar las dependencias que la Comunidad de Madrid ponga puntualmente a su disposición para su actividad institucional como expresidente; contar con los servicios de atención protocolaria con ocasión de su participación en actos o reuniones; y ser resarcidos de los gastos derivados de su actividad institucional o de los servicios de representación que se les haya encargado.

UNA NORMATIVA QUE "DÉ SEGURIDAD"

Desde el Gobierno autonómico han defendido que Madrid es actualmente la única región de España, junto a Cantabria, que no tiene una normativa que "dé seguridad jurídica a este ámbito de su Gobierno".

La futura normativa destaca "expresamente que en ningún caso se tendrá derecho a una pensión de jubilación ni recursos personales o materiales vitalicios, y que su aplicación se limita a un máximo de dos a cuatro años, en función de la permanencia en la Administración autonómica".

Defiende, además, que su modelo es "austero, restrictivo, exigente y transparente" que los que funcionan desde hace años en el resto de CCAA y cuenta "una previsión económica muy inferior a la de estas regiones".

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

Los expresidentes tendrán el tratamiento de excelentísimo y ocuparán en actos el lugar protocolario siguiente a los miembros del Consejo de Gobierno, como ya se reconoce en las normativas de 15 comunidades autónomas.

Además, con el objetivo de ejercer la representación institucional, quienes hayan sido máximos dirigentes regionales durante un mínimo de dos años tendrán también, durante los dos posteriores a su cese, derecho a disponer de medios personales y materiales de asistencia.

Así, contarán con dos personas de apoyo para el desarrollo de sus actividades, medios auxiliares necesarios en las dependencias de la Comunidad de Madrid y un servicio de coche con conductor. Cuando hubieran estado en el cargo durante un tiempo superior a cuatro años tendrán derecho a lo anterior durante los cuatro posteriores a su cese. Además, podrán prestar servicios de asesoramiento, sin retribución alguna por ello, a solicitud del Ejecutivo regional.

ELIMINACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO EN 2015

Fue Cristina Cifuentes quien eliminó en 2015 el Consejo Consultivo, si bien la actual dirigente autonómica se ha mostrado dispuesta en diversas ocasiones a reconocer de alguna forma la labor de los expresidentes madrileños.

Se trataba de un órgano, creado en el año 2007, al que podían pertenecer los expresidentes regionales como consejeros permanentes vitalicios "en cualquier momento, previa declaración de no estar incursos en causa de incompatibilidad" alguna.

En ese puesto, tenían derecho a percibir un sueldo similar al previsto para los consejeros del Gobierno autonómico, es decir, en torno a 8.500 euros brutos mensuales, que equivalen a unos 5.500 euros netos. Su eliminación fue fruto del pacto de investidura de la expresidenta Cifuentes con Ciudadanos.

Díaz Ayuso ya afirmó que había que hacer frente a este "vacío legal". "Lo que no podemos hacer es dejar en un vacío legal a los expresidentes de la Comunidad de Madrid si van a formar parte de un consultivo en el que deberían al menos cobrar por participar", incidió la actual jefa del Ejecutivo madrileño.

También, el PP en la Asamblea de Madrid reconoció en su momento que los expresidentes debían tener "un reconocimiento", ya que tras dejar el cargo no vuelven a la normalidad.

"Tienen que tener un reconocimiento. No solo por el hecho del reconocimiento del trabajo que han hecho, sino que cuando un presidente deja de serlo, no vuelve a ser una persona igual que la que era. Tiene un conocimiento oficial, tiene que asistir a ciertos actos, es decir, no vuelve a su vida anterior", señaló el portavoz Carlos Díaz-Pache, en la Cámara regional.