Calvo niega que durante la presidencia de Gallardón se hiciera seguridad dinámica y protección de altos cargo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid y ex consejero Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Pedro Calvo, negó hoyque durante su gestión en el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón los técnicos de seguridad regional realizaran labores de "seguridad dinámica y protección de altos cargos".

Durante su comparecencia en la comisión de investigación del espionaje de la Asamblea, Calvo contradijo así el argumento defendido por el portavoz del PP, David Pérez, por el cual el Ejecutivo de Esperanza Aguirre no desarrolla labores de seguridad y protección de políticos diferentes a las que ya se desarrollaban en los gobiernos de Gallardón e incluso Joaquín Leguina anteriormente.

En el que fue tercer interrogatorio del día, Calvo tachó de "despropósito" y "ridículo"que haya sido reclamado para dar explicaciones sobre la estructura de seguridad del Gobierno regional hace casi una década para aclarar presuntos espionajes realizados ahora, cuando "nada tiene que ver la historia de un servicio, con que hayan podido hacer algo ilegal" posteriormente.

"El problema es cuando se les encarga algo que no deben hacer y además es ilegal", lanzó a los asistentes. "Me parece un poco absurdo. No sé qué responsabilidad podemos tener Virgilio Cano, Carlos Mayor Oreja, Jesús Pedroche y yo, cuando no tenemos nada que ver respecto a si es o no cierto lo que ha salido en los medios de comunicación", insistió en referencia a los anteriores responsables de seguridad de la Comunidad.

Asimismo, insistió en que él era entonces consejero de Medio Ambiente, por lo que la persona que tal vez debería responder a las preguntas que se le plantearon es el director general responsable de Protección Ciudadana entonces, Eduardo San Román, pues "él conocía ese servicio".

La argumentación de los populares se mantuvo, sin embargo, inalterable. "Hemos podido comprobar que carece de sentido acusar al gobierno de haber creado un servicio de seguridad que había cumplido su mayoría de edad cuando llegó este gobierno", dijo Pérez, que apuntó que la vigilancia de personas se realiza desde la Comunidad de Madrid, tal y como contempla el convenio colectivo de trabajadores de 1988.

Según resumió, este cuerpo ha pasado por varias etapas desde el gobierno de Leguina, cuando se procedió a su "creación y dotación de personal". Posteriormente, con Gallardón, se hizo la "reestructuración y refuerzo de este departamento" y Esperanza Aguirre lo "ha heredado con las mismas atribuciones", defendió. De este modo, replicó a Calvo al decir que el "refuerzo" de este cuerpo durante su mandato "se ve en la creación de una unidad de protección de altos cargos y otra de seguridad estática". "El Gobierno de la Comunidad recibe la misma plantilla y estructura que en la etapa de Gallardón", insistió.

En este sentido, destacó que durante el mandato de Gallardón no sólo existió esta unidad de técnicos sino que se reforzó este cuerpo y se sometió a estos trabajadores a cursos de formación que incluían contravigilancia, protección de altos cargos, armas, explosivos,..., como prueba un documento en su poder con fecha 2002 sobre las nuevas condiciones y estructura del Servicio de seguridad para la protección de altos cargos de la Comunidad" que debía comenzar en "julio de 2002" y que preveía una dotación de unos 165 millones de euros.

SEGÚN CALVO, NO SE LLEVÓ A CABO

En este sentido, Calvo aclaró que asumió las competencias de Protección Ciudadana en primavera del año 2000 con motivo de la reforma del ejecutivo autonómico y a su llegada elaboró un proyecto de mandato de seguridad para "poner un poco de orden y fijar las competencias de un servicio de técnicos de seguridad que venía funcionando" desde antes, aunque algunas de las cuestiones que contemplaba no se ejecutaron finalmente.

"Muchas cosas de ese proyecto no se pudieron llevar a cabo, como, por ejemplo, centralizar todos los contratos de seguridad de la Comunidad o la creación de un servicio de protección de altos cargos, que no dio tiempo a llevar a cabo. Quedó pendiente firmar un convenio con la Guardia Civil, pero también con Interior para regularizar la labor de los policías nacionales" que daban cobertura de protección, en principio al presidente, y después a altos cargos.

Apuntó que "es cierto" que desde su departamento intentaron hacer "una homologación" del personal que trabajaba en la Comunidad en las labores de protección, pero destacó que no pudo llevarse a cabo. "Pretendíamos, no a través de una reestructuración, crear un proyecto que homologase y pusiese orden en esta unidad, pues la verdad es que el trabajo de estos técnicos iba cada vez a menos", apuntó.

Esta comparecencia, junto con las dos anteriores (que corrieron a cargo de Virgilio Cano y Carlos Mayor Oreja) demostró, según la portavoz del PSOE, Maru Menéndez, que el consejero Francisco Granados, "mintió en sede parlamentaria" cuando dijo que en la comisión de Presidencia del pasado 30 de enero que "esta estructura la crea, en su origen, el Gobierno del señor Leguina, las impulsa y potencia extraordinariamente el Gobierno de Ruiz Gallardón". "Lo que nos faltaba", destacó Menéndez, lo que la llevó a preguntarse nuevamente "cómo puede seguir ostentando responsabilidad hoy en la Consejería de Interior".

Por otra parte, Calvo destacó que en el año 2000 "ni siquiera los consejeros" tenían escolta y los presidentes Joaquín Leguina y Alberto Ruiz Gallardón los tenían a través de la Policía. Posteriormente, explicó que en 1996 se firmó un convenio con Guardia Civil para "vigilancia de edificios" y en 2001, con motivo del asesinato del concejal de PP en Sevilla Alberto Jiménez Becerril, "alguien toma la decisión desde Interior" de materializar la protección a los consejeros del gobierno regional y portavoces de la oposición.

"¿Qué si he ordenado seguimientos a personas para garantizar la seguridad de nadie? No", contestó Calvo a preguntas de la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No sé las funciones que hacen ahora" los trabajadores a cargo de la Consejería de Interior, reconoció el responsable municipal. "Si ahora (ese equipo) es igual al que yo conocí no se le puede considerar un grupo parapolicial", añadió.

"Nunca han hecho contravigilancia ni avanzadas porque no son sus competencias. Esas competencias son de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, incluidas las Policías locales", destacó, al tiempo que subrayó que en cualquier caso "la contravigilancia es protección, no vigilancia, está asociada a más seguridad". "Más protección no más vigilancia. Como mucho, apoyo a situaciones concretas, protección en la sede sí, pero desplazarse, no", remachó.