MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -
"Nuestra reacción fue desmesurada pero aquí todos tenemos una responsabilidad que tendremos que asumir", ha manifestado el controlador aéreo César Cabo, que se acercó a título personal hasta la Audiencia Provincial de Madrid donde prestan declaración doce compañeros suyos por un delito de sedición tras las bjas masivas en sus puestos de trabajo el pasado viernes.
"Los controladores aéreos hemos acudido a la llamada de la Fiscalía para asumir la responsabilidad que compartimos en lo ocurrido, pero hay corresponsabilidad que asumimos por nuestra parte, pero AENA y el Ministerio tendrán que asumir por la suya", ha destacado.
Asimismo, Cabo ha insistido en que "la empresa fue la que cerró el espacio aéreo y los aviones no salieron". "El clima de agitación impedía a muchos trabajadores desempeñar su trabajo, pero había controladores para que los aviones hubieran podido seguir volando. No en las mismas condiciones, pero se podía haber seguido volando", ha sentenciado.
A su juicio, AENA "tomó esa decisión" de cerrar el espacio aéreo, por lo que, a su entender, "tendrá que explicar" por qué lo acordó así, del mismo modo que ha pedido que el Ministerio de Fomento explique por qué "lleva más de un año maltratando al colectivo y utilizando demagogias, diciendo que quiere negociar por delante y por detrás lo que únicamente hace es dictar decreto tras decreto".
"Llevamos una Ley y cuatro decretos. Se ha provocado al colectivo y se podría haber evitado", ha subrayado Cabo, quien ha criticado que el pasado viernes se sacara un Real Decreto "en el que se discrimina a los trabajadores". "Una persona hospitalizada de baja por un cáncer tiene que devolver esos días a la empresa igual que tiene que hacer una madre que ha dado a luz", ha apuntado.
Por otro lado, otro de los portavoces de los controladores Daniel Zamit, ha manifestado que el sindicato USCA ha presentado a las 9 horas dos recursos ante la sala del Contencioso Administrativo del Supremo contra el decreto del estado de alarma y la decisión de militarizar el aeropuerto.
"Se nos plantean serias dudas tanto del procedimiento que se ha utilizado como los cuerpos ilegales con los que se ha apoyado el Gobierno", ha dicho. "Vista la situación de militarización, al estar imposibilitada cualquier acción sindical, se ha planteado al Supremo que requiera de la Junta Directiva de USCA la prueba legal necesaria de poder afirmar que la decisión de recurrir se ha tomado", ha puntualizado.
"El Supremo debe requerir que se ha tomado la decisión de recurrir y este debe dar traslado a las autoridades competentes en ese caso", ha concluido Zamit.