MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha multado al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa en los últimos diez años por diversas actuaciones incorrectas en los arroyos del término municipal por un importe de 9.493,19 euros.
Así consta en una petición de información a la CHT solicitada por el diputado regional de Podemos Miguel Ongil. En detalle, el Ayuntamiento de Pelayos de la Presa pagó en 2006 a la CHT una multa de 4.000 euros por vertidos fecales al arroyo del Molino y colocar tuberías de PVC sobre pilares de ladrillo en el dominio público hidráulico.
En 2012, tuvo que pagar 2.400 euros por la ocupación sin autorización del arroyo de las Labores. Finalmente, por nuevos vertidos fecales y daños en el arroyo de Picapollos tuvo que pagar un importe de 3.093,19 euros en 2015.
La asociación Globaliza ha señalado que estas malas actuaciones se han desarrollado "en una zona ambientalmente protegida por las leyes europeas al ser Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC)". "Algunos vecinos han tenido que convivir a menudo con malos olores y los vertidos fecales han supuesto un riesgo para la salud", han criticado.
Por otro lado, la entidad ecologista ha apuntado que el anterior alcalde de Pelayos, Herminio Cercas, a una pregunta por escrito sobre estas multas, "ocultó la multa por valor de 4.000 euros y en su respuesta señaló que se había recurrido el último expediente citado". "Finalmente, ese expediente ha supuesto 3.093,19 euros a las arcas municipales. De este importe, se ha tenido que hacer cargo el nuevo equipo municipal sin que haya habido información pública al respecto", han añadido.
Globalízate se ha quejado de obtener esta información dos años después de solicitársela a la CHT y de que su comisario Ignacio Ballarín "evitara contestar incluso a un concejal de la oposición, con las más variopintas e ilegales". "Tampoco el Defensor del Pueblo ha conseguido que la CHT enviara la información a pesar de mantener un expediente abierto", han añadido.
"La respuesta nos ha llegado gracias a una pregunta registrada en la Asamblea de Madrid por el diputado de Podemos Miguel Ongil. Parece ser que si no es por una pregunta de un diputado, los ciudadanos no tenemos derecho a acceder a informaciones de organismos públicos y eso a pesar de que la Ley de Transparencia, entre otras, nos amparan", denuncia la asociación.
