MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sección 26 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde hoy lunes al 13 de octubre el juicio con jurado Popular contra Miguel Ángel V. M y María Laura E. O. por un delito de asesinato y otro de estafa continuada, por los que el primero de los acusados se enfrenta a una pena de veintiocho años de cárcel y la segunda procesada a veintiséis años de prisión.
Siempre según las conclusiones provisionales del Fiscal, los dos acusados mantenían una relación sentimental, fruto de la cual la mujer estaba en el momento de los hechos embarazada de ocho meses, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Simultáneamente, Miguel Ángel mantenía desde dos años atrás una relación sentimental con la víctima, con la que habían llegado a convivir durante un mes. Esta relación motivaba los celos de la acusada, porque recibía mensajes de la otra mujer, en uno de los cuales le decía que iba a dejarla en cuanto naciera su hijo para irse a vivir con ella.
A la vez, el acusado había solicitado un préstamo a la víctima, por la que ésta le demandó por la cantidad de 5.000 euros de principal más 1.500 de costas, gastos e intereses. Así las cosas, ambos acusados, puestos de común y previo acuerdo, tomaron la decisión de acabar con la vida de la víctima.
Para ello, el 6 de octubre de 2012, en torno a las 23:30 horas, Miguel Ángel quedó con la mujer en el barrio de Prosperidad. Previamente, ambos acusados recogieron en su domicilio a un menor de edad, Sebastián, contra el que se sigue un procedimiento en los juzgados de Menores.
Ya los cuatro en un coche, llegaron hasta una gasolinera abandonada en Moralzarzal y regresaron a Madrid. Durante el trayecto la víctima bebió varias copas de whisky en la que los procesados habían disuelto medicamentos con el fin de adormecerla y vencer su resistencia.
Una vez en su casa, aprovechando su incapacidad para defenderse, la golpearon hasta la muerte, provocada finalmente por un desgarro pulmonar traumático. La víctima sufrió múltiples lesiones que le causaron un padecimiento innecesario. Tras matarla, le quitaron la tarjeta de crédito y retiraron diferentes importes, según señala el Ministerio Público.
A fin de dificultar la localización e identificación del cuerpo de la víctima, los procesados abandonaron los restos mortales junto a un viaducto en la provincia de Cuenca.
