La Comunidad acusa a dos ministras por carta de "instrumentalizar" a menores migrantes por "beneficio político"

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha acusado a las ministras de Juventud e Infancia y de Migraciones, Sira Rego y Elma Saiz, respectivamente, de "instrumentalizar" a los menores migrantes para "sacar beneficio político y sostenerse en el poder".

En sendas cartas enviadas a cada una de las ministras este miércoles, la consejera de Asuntos Sociales ha criticado varias decisiones del Gobierno central que se han tomado en los últimos meses acerca de los menores migrantes, como el reparto "arbitrario" de los más de 4.000 que están en Canarias, que ha tildado de "despropósito", o los 400 que llegarán a Pozuelo de Alarcón "sin comunicación oficial".

"No hay peor forma de corrupción que instrumentalizar a los menores para sostenerse en el poder. Eso es exactamente lo que están haciendo. Por todo ello, le insto a desautorizar estas propuestas de inmediato, a recuperar el respeto institucional y a anteponer el interés superior del menor a su propia supervivencia política", ha expresado Dávila en la misiva enviada a Rego, unas palabras muy similares a las usadas en la de Saiz.

Así, la consejera de Asuntos Sociales ha querido mostrar su "profunda preocupación" por las decisiones tomadas desde estos ministerios sobre la "grave crisis migratoria" y les ha acusado de imponer una manera de actuar basada en "filtraciones, decisiones unilaterales y desprecio absoluto a las comunidades autónomas, especialmente a la Comunidad de Madrid".

400 PLAZAS EN POZUELO DE ALARCÓN

Sobre el ofrecimiento de 400 plazas del Centro de Recepción, Atención y Derivación para personas desplazadas (Creade) de Pozuelo de Alarcón, que pertenece al Gobierno central, para acoger a menores migrantes, Dávila ha protestado porque "no ha habido comunicación oficial" y porque "se pretende utilizar el centro sin confirmar su adecuación, sin personal especializado, sin garantías jurídicas y sin respetar las competencias de la Comunidad de Madrid".

"El traslado de menores del territorio de una comunidad autónoma a otra exige por imperativo legal un proceso en el que se debe emitir una solicitud recabar la aceptación expresa de la comunidad receptora del menor. Este procedimiento resulta aplicable aunque se trate de menores solicitantes de asilo y aunque se pretenda trasladarlos a un centro de titularidad estatal, pues, como ha recordado recientemente el Tribunal Supremo, la solicitud de asilo implica la convergencia de competencias autonómicas y estatales", ha indicado Dávila.

En este sentido, la consejera ha reprochado a Rego que denuncie la situación del Centro de acogida de La Cantueña en Fuenlabrada, con capacidad para 96 jóvenes, pero que "guarde silencio cómplice o incluso respalde que se hacinen 400 menores en un solo centro sin ninguna planificación ni evaluación técnica".

Además, le ha indicado a Saiz su preocupación porque la actuación del Gobierno "suponga el desalojo de los actuales residentes o el uso del centro para alojar a menores en condiciones inadecuadas".

REPARTO DE MENORES ENTRE AUTONOMÍAS

Por otro lado, Dávila se ha referido al reparto entre las comunidades autónomas de más de 4.000 menores migrantes, que están ubicados principalmente en Canarias, del que el pasado viernes se conoció que la región se tendrá que hacer cargo de 647 y recibirá 15 millones de euros para ello.

La Comunidad de Madrid será la segunda que más acoja, por detrás de Andalucía, mientras que Cataluña y el País Vasco no están obligados a recibir a ninguno.

Por ello, Dávila ha señalado que es "un reparto arbitrario" en el que se excluye "deliberadamente" a Cataluña y País Vasco, "no por motivos técnicos, sino para satisfacer a los partidos nacionalistas cuyos votos necesita el Gobierno". Esta decisión, ha recordado la consejera, está recurrida por "11 comunidades autónomas ante el Tribunal Constitucional".