Niega insumisión ante la ley y este viernes se reunirá con alcaldes para hablar de las oficinas judiciales en los municipios
MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha defendido el "ejercicio de responsabilidad" de pedir financiación para poder aplicar la Ley de Eficiencia de la Justicia y ha negado que sea insumisa ante la misma.
Lo ha señalado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en la sesión de control del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid al ser preguntado por esta norma y por la conferencia sectorial fallida del viernes pasado en Barcelona, que abandonaron los consejeros del PP al entenderla un "paripé".
"Se ha hecho sin el poder judicial que la tiene que aplicar, se ha hecho sin las comunidades autónomas que la tenemos que desarrollar e implantar en los territorios y además nace sin ningún tipo de financiación", ha afeado García Martín, quien ha recordado que el Ejecutivo regional ha hecho un requerimeinto previo antes de llevar al Gobierno central ante el Tribunal Supremo (TS) para reclamar dinero para aplicarla.
Al respecto, el consejero ha cifrado en 44 millones de euros los fondos que necesitarían para llevarla a la Administración madrileña y ha afirmado que la norma que "presume de ambición" al "carecer de presupuesto" se queda en "fuegos artificiales".
Asimismo, ha vuelto a cargar contra el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, --a quien ha apodado 'Trolaños'-- por haber dicho que iba a "dar a las comunidades autónomas, en concreto a Madrid, 56 millones de euros".
Ha insistido García Martín en que Madrid no es insumisa, ya que las leyes las cumple, por lo que este viernes se reunirá "con todos los alcaldes para hablar de las oficinas judiciales en los municipios".
"Y una vez más hemos sido pioneros, por no decir en este momento que somos los únicos que tenemos ya regulados los mecanismos extrajudicial de solución de conflictos con nuevos baremos para el turno de oficios. La única comunidad autónoma, el ministerio todavía no sabe ni cómo va a regular estas cuestiones que hoy ya están en vigor", ha concluido.