Comunidad dice que no dispone de los medios para afrontar la futura Ley de contratación con los consumidores de préstamos

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, denunció hoy que el Gobierno regional no dispone de los medios "precisos" para afrontar la futura Ley, ahora proyecto que se está debatiendo en el Senado, por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito.

En rueda de prensa, Beteta llamó la atención sobre que en estos momentos dicho proyecto se está tramitando en las Cortes Generales, después de haber superado su tramitación en el Congreso de los Diputados, mediante el cual se está impulsando "una norma que hace que estas cuestiones pasen a ser competencia en materia de Consumo".

"Esto es una barbaridad, una enorme barbaridad puesto que ahora mismo, los instrumentos para el control de dichos productos radica tanto en el Banco de España como en el Ministerio de Economía y Hacienda, y ninguna de las comunidades autónomas tenemos la capacidad ni las personas con la preparación adecuada y suficiente como para poder llevar a cabo las garantías jurídicas que necesitan los consumidores", indicó.

En este sentido, destacó que esta cuestión es sumamente importante si se tiene en cuenta que son temas delicados, y más en momentos de crisis. "En una situación de crisis económica, con sus colaterales problemas financieros para el conjunto de los ciudadanos, hacer una acción de esta naturaleza es gravemente dañina para el sistema financiero y para los consumidores", apostilló.

Así, añadió que las comunidades autónomas se han reunido entre ellas para debatir esta cuestión, y a la vez, han mantenido contactos con la propia Administración General del Estado, sin encontrar, no obstante, respuestas a sus problemas. "Nos hemos encontrado con un muro imposible de flanquear", agregó.

Beteta, que indicó que esta decisión es una "reacción en negativo" a los asuntos correspondientes a Forum Filatélico o Afinsa, empeora el servicio a los consumidores y sus derechos porque la vigilancia e inspección de operaciones "tan singularmente importantes y delicadas como son las cuestiones de préstamos" dejan de estar sujetas a la inspección del Banco de España y del Ministerio de Hacienda para pasar a los sistemas de Consumo "que tienen una preparación para otro tipo de cuestiones".

"Esto supondrá un gasto adicional para las comunidades autónomas, que el Estado no tiene la menor intención de abordar, pero lo peor es que no disponemos de los medios precisos en materia de personal y formación de personal puesto que era una cuestión absolutamente ajena al ordenamiento hasta este momento", apostilló el consejero de Economía.

Esta propuesta de normativa supone una novedad en el ordenamiento jurídico español, ya que es la primera vez que se regulará la actividad de entidades no financieras que ofertan créditos. En concreto, fija las obligaciones de transparencia y garantías de información que han de cumplir las entidades que se dedican a la actividad de concesión de créditos hipotecarios o a la intermediación y asesoramiento para la celebración de contratos de préstamo y crédito.

RECLAMACIONES POR EL 'TARIFAZO'

Por otro lado, Beteta denunció también la situación que atraviesan ahora mismo muchas familias madrileñas que han reclamado sus facturas de la luz después de que el Ministerio de Industria cambiará el modelo de facturación bimensual a mensual, lo que desde la Comunidad de Madrid conocen como "tarifazo".

En su opinión, la nueva regulación es "ambigua" y ha provocado diversas interpretaciones por parte de las compañías. De hecho, subrayó que la situación ha tenido como consecuencia "la ocultación de una subida real para el conjunto de los consumidores, y una interpretación muy dudosa sobre la fórmula que se debe usar" a la hora de mandar la factura de la luz.

Beteta, cuya Consejería abrió a inicios de año un expediente informativo a las eléctricas para analizar la situación, destacó que no sólo las oficinas de Consumo están recibiendo reclamaciones sino que muchos ayuntamientos se han encontrado con "innumerables quejas" frente las cuales hay varias "teorías" del Gobierno central, pero se desconoce cuáles van a prosperar para solucionar el problema.

El consejero aseguró que espera la rectificación por parte del Gobierno de una normativa, que, a su juicio, ha afectado a los derechos de los consumidores, porque se les ha ocultado información. Por ello, tras un primer análisis, ya han pedido al Gobierno central que reconsidere las medidas adoptadas con el nuevo modelo de facturación de la luz, que se vuelva a una tarifa bimensual y, que, en el caso de que continúe mensual, se haga por consumo real y no por estimaciones.

El nuevo sistema de facturación supuso otros costes adicionales para los consumidores como los derivados de la desaparición de la tarifa nocturna, que se eliminó cuando muchos consumidores habían hecho inversiones en sistemas que les permitieran poner ésta tarifa con el objetivo de conseguir beneficios a largo plazo.

Las compañías eléctricas ya habían cobrado un importe de cien euros a las viviendas que querían este tipo de contrato, aunque el Gobierno regional consiguió en su día que se devolviera este dinero a los consumidores, a diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de España.

Según los datos del expediente que abrió la Comunidad, se estima que unos 40.000 usuarios madrileños de tarifa nocturna no han actualizado aún sus contadores, por lo que el precio de la luz puede ser mucho mayor al que estaban acostumbrados. Además, tan sólo 4.000 familias de la región han podido acceder a la franja considerada como tarifa social, tarifa a la que, con la nueva legislación, según el Gobierno central, es muy difícil acceder.