La Comunidad envía a la Asamblea la reforma de la Ley de Cajas regional tras el visto bueno del CES

EP

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado este jueves remitir a el anteproyecto de la Ley de Cajas de Ahorros regional a la Asamblea tras haber recibido el visto bueno del Consejo Económico y Social (CES) madrileño, órgano que ve "acertado que se realicen las modificaciones legislativas necesarias para asegurar que los excedentes generados por estas entidades se destinen al desarrollo de proyectos sociales en beneficio de la sociedad madrileña".

Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente y portavoz, Ignacio González, quien ha explicado que el CES estima que esta Ley "garantiza el adecuado desarrollo de la obra social de las Cajas de Ahorro y las Fundaciones de carácter especial que puedan crearse".

Este anteproyecto, que modifica la Ley 3/2004, reduce y limita la representación del sector público en los órganos de gobierno para profesionalizar su gestión, introduce las nuevas estructuras que pueden adoptar las cajas y potencia la Obra Social, en su forma actual o bajo las nuevas estructuras que puedan crearse (fundaciones de carácter especial), que quedarán bajo protectorado de la Administración autonómica.

Según ha indicado González, el Consejo Económico y Social valora como "positivas las reformas encaminadas a profesionalizar los órganos de gobierno de estas entidades y a limitar la presencia de la Administración en los mismos, como también las que otorgan plenos derechos al capital privado que esté presente o que se incorpore a las Cajas".

La Ley incorpora la nueva regulación estatal de las cuotas participativas a la normativa autonómica para que, además de los derechos económicos, se regulen los derechos políticos y de gestión que también les corresponden a los cuota-partícipes (nuevos accionistas privados).

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN

El anteproyecto de Ley modifica asimismo la composición y el régimen jurídico de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros, para evitar injerencias ajenas a los intereses propios de las cajas y de su finalidad benéfico-social. Para ello, se limita la representación pública hasta un máximo del 40 por ciento, porcentaje que se redistribuye entre los diferentes sectores de representación, incrementándose en el caso de los impositores y disminuyendo el de las corporaciones municipales en un 1,5 por ciento.

El Gobierno regional destaca que este anteproyecto de Ley recoge la misma limitación de la representación pública establecida en el Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio. En su informe, el Consejo Económico y Social considera que el texto articulado aprobado hoy "se adecua al contenido del mencionado Real Decreto Ley".

El proyecto que la Comunidad de Madrid ha remitido a la Asamblea garantiza que las cajas de ahorros que ejerzan su actividad en la Comunidad de Madrid desarrollen obras sociales en proporción a los recursos captados en la región y de acuerdo con las directrices de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, prevé que independientemente de las modificaciones estructurales que puedan sufrir las cajas, las entidades resultantes deben continuar con la obra social, destinando los mismos porcentajes previstos en la legislación.

Para garantizar su cumplimiento, se refuerzan las funciones de la Comisión de Obra Social, que contará con un representante de la Comunidad de Madrid, y se la vincula a la Asamblea General de la caja. La normativa también regula que el presupuesto de las fundaciones que las cajas pueden crear para desarrollar obras sociales debe ser autorizado por la Comunidad de Madrid y supervisado por la Asamblea General.

El Gobierno madrileño apunta que las modificaciones que incluye este anteproyecto de Ley no interferirán la gestión de las cajas, por lo que no se procederá a adelantar los procesos electorales previstos, como el que se desarrollará en 2012 para la renovación de los sectores de impositores y empleados de Caja Madrid, sino a la adaptación paulatina de los diferentes sectores de representación en los órganos de gobierno de las cajas.