La Comunidad exige garantías al Gobierno antes de autorizar el nuevo sistema de devolución de envases

Los cuatro proyectos presentados son de empresas madrileñas y están a la espera del informe de una comisión formada por CCAA y Gobierno

La Comunidad alerta de la ausencia de un organismo regulador del sistema y otras cuestiones que ya advertía un informe de 2021

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha trasladado al Gobierno central sus dudas sobre la implantación del futuro Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases de un solo uso y ha pedido profundizar en su análisis técnico, económico y jurídico antes de avanzar en su autorización definitiva.

El modelo SDDR contempla que el consumidor pague una cantidad adicional al adquirir determinados envases, importe que recuperaría posteriormente al devolverlo en los puntos habilitados. En España se estima que podría tener una movilización económica de más de mil millones de euros al año en depósitos.

El modelo impactaría a ciudadanos y turistas, así como a más de 25.000 establecimientos de alimentación y bebidas. El alcance operativo supera las 300.000 toneladas anuales de envases y entre 10.000 y 17.000 millones de unidades al año, según estima la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, dirigida por Carlos Novillo.

El proyecto ha recibido cuatro solicitudes, todas ellas de empresas con sede en la Comunidad de Madrid, por lo que ha sido el Ejecutivo regional el encargado de analizar los proyectos y dar su visto bueno definitivo a falta de un informe perceptivo no vinculante de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos (CCR).

Este órgano, compuesto por las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, debe ahora elaborar un informe en el que de su visto bueno definitivo a las solicitudes. De este dependerá que en el futuro exista un solo SDDR en los supermercados o hasta cuatro diferentes.

Para la Comunidad de Madrid este no es el problema del asunto, pues en otros países de Europa funcionan con normalidad con un sistema de varias empresas, sino la ausencia de un organismo regulador que, una vez culminado el proceso de solicitud, se encargue de organizar y gestionar el sistema.

En otros países como Alemania o Polonia funciona el SDDR con varios operadores, pero todos ellos regulados bajo el control de un organismo de coordinación para el que en España aún no existe ni un borrador, según critican fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press.

CRÍTICAS AL SISTEMA PLANTEADO POR EL GOBIERNO

En este contexto, desde la Comunidad de Madrid han afeado a Gobierno central el proceso por el cual tratan de impulsar este sistema, que ya opera en algunos países de Europa --incluido el vecino Portugal-- y que en España se aprobó con la Ley //2022 e residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular.

En esta norma se detallan los plazos para optar al sistema, que son seis meses para la presentación y aprobación de las solicitudes por parte de los Gobiernos autonómicos correspondientes, en este caso el de la Comunidad de Madrid pues las cuatro propuestas son de empresas de la región.

Tras esto, se contempla un año para la autorización de las propuestas y, finalmente, otros seis meses para la ejecución del sistema. Sin embargo, en esa segunda fase es en la que se precisa del informe perceptivo pero no vinculante de la CCR y es, por tanto, el punto en el que actualmente se encuentra el proceso.

La Comunidad de Madrid ha remitido una carta al Gobierno central --a la que ha tenido acceso Europa Press-- en la que se trasladan las dudas respecto a la viabilidad y funcionamiento del sistema, al tiempo que se informa de que el "procedimiento queda suspendido" una vez se está a la espera de dicho informe de la CCR.

La Comunidad considera que persisten dudas sobre la organización del sistema en todo el país, qué costes tendría para operadores y administraciones, o cómo se garantizaría la gestión homogénea y jurídicamente segura. Así, subrayan que existen cuestiones técnicas, económicas y organizativas clave para la viabilidad del modelo.

ESTUDIOS PREVIOS YA LO ALERTABAN

De hecho, el Gobierno regional sostiene que parte de esos interrogantes que ahora trasladan ya fueron detectados en estudios previsto elaborados en torno al sistema y que, pese al trabajo realizado en distintos grupos técnicos, todavía no se han desarrollado mecanismos suficientemente definidos para resolverlos.

En concreto se trata del 'Estudio de viabilidad de implantación de un SDDR en España' elaborado por TRAGSATEC para el Ministerio en 2021 y que ya entonces advertía de cuestiones estructurales de ámbito estatal que deben resolverse para implementar de forma satisfactoria el modelo de reciclaje circular.

Una de las cuestiones que quedaba patente en aquel estudio, y que la Comunidad de Madrid comparte, es la necesidad de un calendario de al menos 32 meses para la implantación de un modelo que el Ejecutivo quiere instaurar con un calendario reducido de apenas dos años. En otros países, como en Portugal, este modelo se gestó durante 8 años.

De acuerdo con la legislación en España, el sistema debería entrar en funcionamiento antes de diciembre, si bien con la suspensión del proceso a falta del informe de la CCR la implementación queda a la espera de este visto bueno definitivo que podría retrasar la entrada en vigor del modelo hasta 2029, según algunas estimaciones.

Así las cosas, la Comunidad de Madrid considera que el principal conflicto en torno al modelo SDDR pasa por la falta de un marco técnico a nivel estatal que permita evaluar aspectos clave, como la interoperabilidad entre los posibles cuatro sistemas, la trazabilidad de envases, el sistema de compensaciones o el retorno de envases.

En vistas de esta situación, el consejero Novillo solicitó en enero una reunión con la ministra del ramo y vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, para abordar este marco técnico del sistema sin que por el momento haya habido respuesta, según apuntan fuentes autonómicas.

Pese a todo, la Comunidad de Madrid ha incidido en su disposición para trabajar en el marco del grupo de trabajo estatal de envases, que es el órgano competente para la elaboración del informe previo a la resolución.