La Comunidad insiste en que llevarán ante los tribunales el dinero recibido por el Gobierno central para MENAS

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid, Lola Moreno, ha insistido en que los servicios jurídicos regionales preparan un recurso para llevar ante los tribunales los 1.500 euros que el Gobierno central les ha dado ahora para la atención de menores extranjeros no acompañados.

En un principio el Ejecutivo de Pedro Sánchez otorgó a la región "cero euros" de los 38 que repartiría entre las comunidades autónomas y ahora de los dos millones que faltaban por adjudicar se ha conocido que la Comunidad recibirá únicamente 1.500 euros.

En declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Asamblea de Madrid, Moreno ha indicado que se trata de "nuevo agravio" por parte del Gobierno central cuando la Comunidad está "entre las seis que están absorbiendo este fenómeno migratorio".

La consejera ha hecho hincapié en que desde el Ejecutivo autonómico se están dando cifras de los menores registrados, según el número que les corresponde cuando llegan. Y es precisamente, en base a esto sobre lo que se está preparando un recurso para "reclamar lo que corresponde".

Moreno no ha querido entrar en cuánto es lo que deben recibir, pero sí ha remarcado que la cifra actual es "en todo caso insuficiente". Así, ha recordado que hasta ahora los menores acogidos superan los 1.000.

Por otra parte, al ser preguntada por la posibilidad de llevar a algunos de estos menores a Somosierra, la consejera ha señalado que no se trata de "una decisión cerrada" y que están trabajando para "buscar alternativas a la sobreocupación que en este momento sufre el Centro de Primera Acogida de Hortaleza".

En este sentido, ha concretado que hasta el momento se han contratado 130 plazas con entidades. "No estamos buscando ubicaciones concretas ni municipios concretos. Hemos contratado con entidades que nos han ofrecido sus recursos que están en distintos lugares de la Comunidad", ha defendido. Desde el Gobierno regional, no son partidarios de dar la ubicación porque en muchos casos "se criminaliza" a los menores.